Sobre el tan cacareado PLAN REFUERZA

Tras dejar sin empleo a más de 3.000 profesores interinos, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ofrece trabajo docente a personal que no se ha presentado a ninguna oposición. Los "profesores" contratados para el Plan Refuerza no pasan nigún procedimiento de selección objetivo que demuestre sus conocimientos, experiencia o capacitación didáctica. Son, en su mayoría, recién licenciados que trabajan con contratos de precariedad por unos 140 euros al mes.

Mientras las empresas que les contratan -que no nos extrañaría que fueran afines al gobierno de Aguirre- se benefician del presupuesto educativo que la Comunidad de Madrid los alumnos reciben un apoyo de dudosa utilidad y los centros han perdido los grupos reducidos, los desdobles, las tutorías y personal de los equipos de orientación educativa a causa de los recortes. ¿Es el plan Refuerza un parche o otro desvío más de dinero público a la empresa privada? 

El proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid sigue avanzando curso a curso. Desde la llegada de Lucía Figar en 2007 a la Consejería de Educación, la inversión en la educación pública madrileña ha disminuido un 42%, mientras que la inversión en la educación privada- concertada ha aumentado un 11%.

Estas cifras concuerdan políticamente con el proyecto que estrena este año la Consejería, el Plan Refuerza. Sustituye al Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) como programa de ayuda al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y/o desfase curricular. El objetivo en el PROA era intentar compensar las desigualdades entre alumnos mediante actividades extraescolares fuera del horario lectivo. Este nuevo plan, en cambio, no es un plan que se oferte a todos los centros y los criterios para concederlo son muy ambiguos. En la baremación para decidir qué instituto accede al plan se valora con la misma cantidad de puntos el porcentaje de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje (15), el porcentaje de alumnos que se han graduado en secundaria con mención honorífica (15) o el número de alumnos que han participado en certámenes y olimpiadas escolares (15). 

“Lo más perverso del plan es que pongan a competir a los centros. No hay para todos, y en vez de dárselo a los más necesitados, se lo dan a los más domesticados por la Consejería”, aseguran desde la Pataforma "Soy Pública". “Se hace una especie de chantaje, los recursos se dan a dedo y se dan a unos pocos centros, por lo que las direcciones se ven obligadas a tener una actitud sumisa de cara a que les concedan algunos de los pocos recursos que hay”. Los dos criterios que más puntos otorgan para la concesión son el grado de apoyo del claustro de profesores y del consejo escolar del centro (20) y la adecuación de la programación de actividades y del presupuesto económico a las finalidades del programa (30 puntos).

El PROA se gestionaba a través de ONG sin ánimo de lucro y ayuntamientos, mientras que el Refuerza lo gestionan empresas privadas. “El Refuerza es un plan relativamente caro y supone un contrasentido porque sería más lógico mantener los desdobles (inasumibles por los centros tras el despido masivo de profesorado interino), las clases de apoyo y los refuerzos (labores que realizaban los departamentos de orientación o didácticos correspondientes) que crear un plan subsidiario por la tarde que va a encarecer la gestión”, enfatizan.

“Es un trasvase de fondos públicos a manos privadas, constituye una privatización encubierta”, señala Javier,  desde de la plataforma Soy Pública “Incluso hay centros que han pedido gestionarlo ellos mismos con interinos de las listas o profesores de los propios centros y se les ha negado. La Consejería ha insistido en que se gestione a través de empresas lo que supone externalizar los servicios”, asegura. Las empresas beneficiadas no tienen la obligación de tener experiencia en el ámbito educativo por los que, al igual sucede con las las escuelas infantiles, se está creando un nuevo mercado educativo. Mercado en el que sólo en este curso y con este plan se repartirán cinco millones de euros.

También las condiciones de los trabajadores de este plan se degradan respecto al PROA. Se supone que todos tienen que ser titulados, pero luego las empresas contratan también a estudiantes sin titular”. Los sueldos están en torno a los 140 euros al mes, y son despedidos en las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Para Antonio, también docente de la plataforma Soy Pública , esta forma de contratar profesores “puentea y anula el duro sistema de oposiciones, que garantiza un mínimo de calidad de la educación pública”.

El deterioro de la educación pública con estas estrategias no es nuevo “lo que está ocurriendo ahora aquí ya sucedió en los ‘80 en la Inglaterra de Margaret Thatcher”. Las condiciones en las que los profesionales de la enseñanza desarrollan su labor “se precariza al mismo ritmo que se retiran fondos para la educación”. Los recortes tienen consecuencias negativas para los alumnos, ya que “el ahogo económico resulta en más alumnos por aula y menos profesores, que se ven desbordados por el volumen de alumnos que tienen que atender, lo que aumenta el fracaso escolar”.