Educación Pública S.O.S.

¡SOCORRO!

Permítanme que les cuente lo que está ocurriendo en la enseñanza pública madrileña. No pertenezco a ninguno de esos grupos que menciona Esperanza Aguirre como maquinadores de las protestas. Al parecer, nos considera incapaces de pensar por nuestra cuenta. Sólo soy profesora de lengua y literatura, nada más, y me avalan 34 años de docencia en institutos de bachillerato. 

Puedo asegurarles que nunca he visto una movilización semejante en defensa de la enseñanza pública: profesores, familias y alumnos luchando por algo que es de todos y que las autoridades madrileñas están estrangulando y desmantelando. Aducen el ahorro de 80 millones de euros, pero a estas alturas ya ha quedado claro que no es esa la razón. Valga como ejemplo que, gracias a la asombrosa generosidad del gobierno autonómico con las familias que llevan sus hijos a colegios de pago -así se llamaban antes-, la Hacienda madrileña dejará de recaudar entre 80 y 100 millones. Y se trata de familias de ingresos elevados, desde luego por encima de la media.

Descorazonan la indefensión en que estamos, la impunidad con que actúan, oír a la consejera de Educación Lucía Figar afirmaciones insostenibles, que únicamente pueden convencer a quienes creen ingenuamente que las autoridades siempre dicen la verdad. Veamos, asegura que “no hemos hecho recortes, sólo pedimos un esfuerzo a los profesores”. El esfuerzo consiste en 2 horas más de clase y, puesto que las horas no son infinitas, cada 9 profesores dando 2 horas más, sobra un profesor. ¿Son eso recortes o no?

El conocimiento nos hace libres, favorece la tolerancia, el respeto, la comprensión, el criterio independiente, la compasión,… en fin, nos humaniza. Una vez adquirido, es lo único que nadie podrá arrebatarnos. Por el contrario, la ignorancia propicia el fanatismo, la superstición, la intolerancia, el abuso, la vulnerabilidad al engaño, la estupidez,… Naturalmente, un país de mentecatos es más fácil de manipular y gobernar. Por eso no interesa que todo el mundo tenga acceso al conocimiento, a la educación, aunque es un derecho inalienable del individuo. Parece necesario recordar que la enseñanza pública en España garantiza el derecho universal a la educación; no pone trabas por nota, confesión religiosa o poder adquisitivo; asegura la especialización y cualificación del profesorado, al que se somete a duros exámenes para poder dar clase; no adoctrina, sino que favorece el pensamiento razonador y libre; es la única gratuita, que no cobra lo que no debe, la que propicia la igualdad y la libertad de pensamiento, la tolerancia y el respeto, y la que mejor prepara académicamente a sus alumnos. Aunque sea mejorable, sin duda también se distingue a la hora de formar ciudadanos tolerantes, pacíficos, libres de pensamiento, compasivos, humanos en definitiva.

Lo que está en peligro es un bien social y las verdaderas víctimas de todo esto son los alumnos, que no podrán recibir la educación y la atención que merecen, sus familias, la cultura, la ciencia, la sociedad entera. Conviene mencionar algo que muchos ciudadanos ignoran: lo que la Comunidad de Madrid dedica a la educación, de su producto interior bruto, roza la mitad de la media de España. Teniendo en cuenta que es de lo más rico y poblado de la península, resulta asombroso lo miserable del presupuesto.

Además de dejar en la calle a miles de profesores y, por consiguiente, aumentar el número de alumnos por clase, están deshaciendo algo vital para acoger a todo el alumnado: lo que coordinan los departamentos de Orientación: profesores de integración, de educación compensatoria, de diversificación, la asistencia social, la atención psicológica. El perjuicio se produce en el alumnado que más ayuda necesita. También han acabado con los desdobles que permitían reducir el número de alumnos en las materias más difíciles o de mayor índice de fracaso, y con los centros de formación del profesorado. Tampoco les gustan las becas. 

Y tienen el valor de decir que no se pierde calidad. ¿Cómo se atreven a destruir algo tan delicado y tan importante? 

Quiero creer que es por ignorancia. Seguramente ni Aguirre ni Figar han estudiado en la pública. No actuarían así. Se trata de un comportamiento que podríamos, con benevolencia, calificar de bipolar: por un lado, se llenan la boca con el bachillerato de excelencia, mientras que, por el otro, destrozan los cauces educativos que nos permiten atender a quienes más lo necesitan; primero hacen una absurda ley de autoridad del profesor -como si nos hiciera falta, como si los alumnos fueran delincuentes-, y después nos calumnian cuando nos movilizamos para evitar una grave injusticia social; por una parte, se disponen a gastar un dineral en un disparatado plan de bilingüismo, mientras que, por otra, reducen el presupuesto, aumentan los alumnos por aula y envían a miles de profesores al paro. 

Resulta escandaloso que el daño sólo se le haga a la pública, mientras que a la privada, subvencionada o no, se la favorece regalándole terrenos públicos, permitiendo sorprendentes desgravaciones, etc. 

Al parecer, el ojito derecho de la consejería de Educación son los colegios católicos, que constituyen la mayoría de los no públicos. Hay evidencias en la red del entusiasmo de la consejera Lucía Figar alardeando de sostener tales entidades con fondos públicos. ¿Con qué derecho? Sobran los comentarios.

Cuando empezaron las movilizaciones, las autoridades madrileñas recurrieron a la calumnia y a la burla. No debe sorprendernos, porque los profesores, sobre todo si son críticos con las injusticias, nunca han sido muy apreciados por los regímenes autoritarios. La Europa del siglo XX está llena de ejemplos de desprecio y persecución de un estamento que no se muerde la lengua cuando se cometen atropellos de este calibre. Lo que llevan peor es que se nos vea, que pongamos en evidencia sus falacias. De ahí su obsesión con las famosas camisetas verdes, que han llevado a ridículas actuaciones por parte de las fuerzas de orden público y de quienes nos gobiernan. Temen a los símbolos. Y, al parecer, también a nosotros, si atendemos al despliegue policial que se produce cada vez que nos manifestamos. Y eso que nuestra visibilidad es de lo más pacífica, incluso festiva. Sólo pretendemos hacerles ver, sin acritud, civilizadamente, que se equivocan, que el precio económico, social, cultural y humano es enorme.

La desigualdad social que provoca todo esto será devastadora. Pero no atienden, no escuchan y, por desgracia, se empecinan en sus errores. Ya no se puede engañar a la gente como antes, la red lo impide porque la información vuela y no hay quien la pare. Ya no se pueden esconder los abusos, en internet están las evidencias. Las redes sociales y los correos electrónicos permiten organizarse rápidamente y hacer frente a las injusticias. 

Es triste tener que recordar que este bien público no es una empresa, que los alumnos no son tornillos en una cadena de montaje, que los dueños de la pública somos todos, porque se sostiene con nuestro dinero, y que tenemos derecho a exigir que sea gratuita, para todos sin distinción y de la mejor calidad. No se trata de hacer caja, sino de formar humana y académicamente a los ciudadanos del futuro. No podemos dejarla en manos de mercaderes y doctrinarios. Parece bastante obvio que tiene que ser una partida mimada e intocable en los presupuestos. Lo mismo que la sanidad. Qué menos.

Lo desolador es que nadie de los que teóricamente están por encima de tales Parcas destructivas de lo público, ponga freno a este desastre, que sólo provocará desigualdad social y cuyos terribles efectos se verán en menos de cinco años. ¿Ninguna instancia superior va a impedirlo? ¿Es que cualquiera puede llegar y destrozar un bien público que es de todos y que tanto esfuerzo ha costado?

¡Socorro!

Begoña García Merino,

profesora del IES “Conde de Orgaz” de Madrid