300.000 a la calle

Profesora interina madrileña despedida en junio de 2011

Primer día de vuelta a clase. Salón de actos o aula de cualquier instituto preparado para los exámenes de septiembre. A primera hora de la mañana los profesores han recibido una circular que les comunica que deben hacerse cargo de los exámenes y evaluación de los estudiantes correspondientes a los miles de interinos despedidos. Todos se preguntan cómo evaluar a alumnos cuyas tareas y planes de recuperación desconocen. A pesar de esta circular, en cientos de centros, gran parte de los interinos han acudido a los exámenes de septiembre. Llevan sus carpetas, sus exámenes y anotaciones. Saben perfectamente que no cobrarán ni un euro del mes de septiembre. A pesar de eso, si les preguntas, se encogen de hombros y te contestan: “Lo sabemos, pero no podíamos dejar colgados a los chavales”. Muchos se han quedado en el centro para corregir los exámenes y han dejado a sus compañeros unos folios con las notas de sus alumnos y con aclaraciones en caso de duda. Sus calificaciones parecen un pequeño testamento de bondad y de profesionalidad. Son 4.526 docentes solo en Andalucía. La Administración no sabe lo que tiene ni lo que pierde.

Esta última oleada de paro no se escribe con el ladrillo, ni con las máquinas industriales, sino con la tinta azul de la Administración pública. O sea, se escribe con la tinta de los derechos sociales y la calidad de sus servicios públicos. Es toda una opción política e ideológica. Lo tenían escrito de antemano bajo las consignas de adelgazar el Estado; con su propaganda de desprestigio de la función pública; con sus aireadas consignas sobre duplicidades y gastos innecesarios; con la mentira repetida de que en España —aunque los datos reales son radicalmente contradictorios— el sector público está sobredimensionado.

Pero no son puestos innecesarios los que se suprimen, sino los esenciales, los básicos. El país se puebla de profesores en paro, de personal sanitario despedido, de trabajadores de los servicios públicos arrojados a la calle en el mejor momento de su vida laboral. Se ha diseñado un sacrificio inútil, una mutilación descarada de los servicios públicos que no aparecía en ningún programa electoral, pero sí en losthink tank del pensamiento conservador. Se ha puesto excesivamente el acento en el recorte económico de los sueldos de los funcionarios públicos, pero se ha hablado muy poco de esta malévola jugada del aumento de jornada laboral cuyo único objetivo es poner de patitas en la calle a 100.000 trabajadores.

La propia izquierda, que no se atreve a enarbolar la bandera del reparto del empleo, apenas ha hecho unas cuantas notas a pie de página de este siniestro plan que va a empobrecer gravísimamente la calidad de nuestras escuelas, de nuestros hospitales y de nuestros servicios sociales.

Desde que gobierna el PP se han perdido unos 150.000 empleos en la Administración. Las comunidades gobernadas por la derecha han sido la avanzadilla de este terrible ERE masivo del Estado. La marea verde de Madrid y de Valencia no ha conseguido parar los planes de recortes públicos. Tras ese experimento, las nuevas medidas de aumento de jornada y de congelación de las ofertas de empleo público, conseguirán elevar hasta 300.000 el número de empleados públicos despedidos. El próximo año será aún peor porque, según avanza el Gobierno, los Presupuestos Generales supondrán un “ajuste duro y una dolorosa reforma de la Administración pública”.

Es el momento de recordar que los servicios públicos son la única muralla que nos separa de la desigualdad absoluta. Se trata de los que curan, enseñan, investigan, atienden, garantizan la seguridad o apagan los fuegos. Más del 30% de ellos son interinos, eventuales o personal contratado. Si prescindimos de su trabajo, se empobrecerá de forma alarmante todo nuestro sistema público. De hecho, ya está ocurriendo: en algunos hospitales la situación empieza a ser insostenible y en la enseñanza pública se acaba cualquier proyecto de integración y de personalización. O a lo mejor es ese el efecto buscado. A fin de cuentas, según el Gobierno, por cada puesto que se suprime en la Administración, surgirá un nuevo empleo en el sector privado. Pagando, claro.

Publicado en EL PAÍS