Mentirosas

Aguirre y Figar explicaban en 2010 las consecuencias de subir el IVA. ¿Recuerdan?

La 'sentencia' ya está firmada: el 1 de septiembre sube el IVA. El tipo general se eleva 3 puntos, quedándose en el 21%, mientras que el reducido crece 2 puntos y el superreducido no varía. ¿Cómo afectan a nuestros bolsillos estos cambios? Con datos fiables y calculadora en mano, ciframos en 470 euros anuales el gasto extra para una familia media.

El impuesto que grava el consumo, el IVA, sube en España el 1 de septiembre. Introducido en 1986, cuando nuestro país ingresaba en la Comunidad Económica Europea, desde el 12% de entonces ha ido hinchándose hasta el 21% que entra ahora en vigor.

Los datos están sobre la mesa. Los traducimos para que comprendas cómo te afectan y te damos una cifra: 470 euros, lo que le va a costar anualmente la subida a un hogar medio.

Tres puntos más de IVA: facturas habituales, coches y alcohol

El tipo general, que es el que se aplica por defecto, sube 3 puntos: del18% al 21%.

Este incremento afectará a la mayoría de nuestras facturas, como la de la luz, el gas, el teléfono, el ADSL...

También a la ropa, el calzado, los productos cosméticos, los electrodomésticos, los coches, el tabaco y el alcohol, las compresas y los tampones... 

Trece puntos más de IVA: la cultura, las funerarias y las peluquerías

La reforma golpea especialmente a cosas que hasta ahora tributaban con tipo reducido y ahora lo harán con el tipo general. Esto supone una subida de 13 puntos en:
La cultura: sube el IVA de los cines, conciertos, teatros, circos, espectáculos, zoos, parques de atracciones, atracciones de feria y festejos taurinos, así como los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos a los productores de cine, teatro y musicales.
Las funerarias.
Las peluquerías.
Los gimnasios (menos cuando son públicos, que están exentos).
La televisión digital de pago.
Los dentistas, las curas termales y la asistencia sanitaria, pero únicamente cuando sean operaciones no destinadas a curar enfermedades (por ejemplo, cirugía estética).
Venta de flores y plantas vivas de carácter ornamental. 

Dos puntos más de IVA: alimentación, transporte y restaurantes

El IVA reducido pasa del 8% al 10%, 2 puntos de subida que afectan a lo que aún disfruta de este tipo especial:
Productos de alimentación a los que no se aplica el tipo superreducido, como la carne, el pescado, el azúcar, las galletas, los refrescos, los aceites y, curiosamente, el pan integral, que pese a ser más saludable tributa por encima del pan blanco (la OCU ha pedido que se rebajen sus impuestos).
El agua.
La hostelería y los restaurantes.
El transporte.
Los aparatos que suplen deficiencias físicas (como gafas graduadas y lentillas).
Material sanitario, como las tiritas, las gasas, los tensiómetros...
Los suplementos dietéticos.
Lo poco que se ha salvado de la subida de 13 puntos que ha afectado al resto de la cultura: museos, galerías de arte, pinacotecas, bibliotecas y archivos y centros de documentación. 

Lo que no sube: productos básicos, libros y medicamentos
La reforma del IVA no toca a algunos bienes servicios que estaban exentos de este impuesto (como la enseñanza y los servicios médicos) y deja igual el tipo superreducido. Seguirán tributando al 4%:
Productos básicos de alimentación (pan blanco, harina, huevos, leche, quesos, frutas y verduras, hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos...).
Libros, periódicos y revistas (a no ser que contengan única o fundamentalmente publicidad).
Medicamentos.
Vehículos para personas con movilidad reducida y prótesis para minusválidos.
Teleasistencia, atención residencial y ayuda a domicilio.
Compra y alquiler con opción a compra de viviendas de protección oficial (cuando la entrega la realice el promotor).

Comprar una vivienda nueva sigue tributando al 4%, pero esta reducción quedará eliminada en diciembre de 2012, cuando pasará al tipo reducido (10%, una subida de 6 puntos).

Algunos materiales escolares suben 17 puntos

Algunos materiales escolares pasan del tipo superreducido al general, con lo que sufrirán una subida de 17 puntos en el IVA. Es el caso de la plastilina, las témperas, las cartulinas y otros productos de uso exclusivamente escolar (sobre todo manualidades).

Los libros de texto permanecen en el tipo superreducido (no sube su IVA) y los 4 pilares del buen estuche (lápices, gomas, pegamentos y tijeras) permanecen en el tipo general (su IVA sube 3 puntos).
¿Cuánto nos cuestan las subidas?

Hemos echado mano de la última encuesta sobre presupuestos familiares que elabora el Instituto Nacional de Estadística para calcular cuánto afecta la subida del IVA a los consumidores.

A no ser que los comerciantes decidan asumir la subida del IVA (algunas empresas, como Inditex, lo han anunciado), los bolsillos de las familias tributarán 470 euros más al año.

Un nuevo castigo para un consumo que ya se encuentra en retroceso y que en 2010 sufrió otra subida del IVA (en aquella ocasión el tipo general pasó del 16% al 18%). Entonces hicimos este mismo cálculo y obtuvimos la cifra de 288 euros. El impacto real de la actual subida prácticamente duplica la de 2010.

En el siguiente cuadro podemos ver los productos y servicios que consume de media cada hogar (según la encuesta del INE), y los efectos que sobre ellos tendrá la subida del IVA. Como puede verse, el transporte y la alimentación serán algunos de los conceptos que más penalizarán nuestro presupuesto:

Efecto de la subida del IVA en presupuesto familiar (en euros)	Gasto anual por hogar	IVA actual	Nuevo IVA	Subida del IVA
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.279	269	323	54
Alcohol y tabaco	627	96	112	16
Vestimenta y calzado	1.676	256	298	42
Vivienda, agua, electricidad y combustibles	8.935	233	273	40
Mobiliario, equipamiento y otros gastos de vivienda	1.452	168	197	29
Salud	943	23	27	4
Transportes	3.680	533	623	90
Comunicaciones	926	139	162	23
Ocio, espectáculos y cultura	1.975	229	291	62
Enseñanza	309	0	0	0
Hoteles, cafés y restaurantes	2.716	201	252	51
Otros bienes y servicios	2.262	158	217	59
TOTAL	29.780	2.305	2.775	470

Fuente:   Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Asamblea regional del profesorado de Madrid: Viernes 31 agosto, 10hrs C/Lope de Vega 38. !Participa!

La tasa tupper

Ir al colegio con la fiambrera en la mochila va a ser una estampa habitual cuando acaben las vacaciones. Hasta ahora, los padres que necesitaban el servicio de comedor escolar pagaban unos 90 euros al mes. La situación económica y la reducción en becas para libros y comedor provocarán que muchas familias intenten ahorrar enviando a sus hijos a la escuela con la comida cocinada en casa.

Cataluña fue la comunidad que primero lanzó la idea de que habría que pagar una tasa en torno a los tres euros diarios por el tupper. Después se apuntó Valencia. La Comunidad de Madrid ha adelantado que este curso las becas de comedor serán para las familias con los padres en paro o que cobren la renta de inserción. Como novedad, serán los centros escolares los que canalicen los fondos.

Esperanza Aguirre presumió en junio de que Madrid reduciría el déficit “sin tocar la sanidad, que es universal, ni la educación básica”. Una de las medidas para recortar 26 millones en Educación fue eliminar las becas para libros de texto (y sustituirlas por un sistema de préstamo) y reducir las de comedor. Ni Educación ni Hacienda han especificado aún cuánto se van a recortar las partidas que reciben los colegios para pagar el catering. Lo que sí han dejado claro es que no van a pagar microondas para calentar la comida.

A pocas semanas de que empiece el curso, la presidenta de Madrid ha agitado el ambiente al defender que si los padres pagan una tasa por el tupper de sus hijos es porque los centros escolares incluyen en el catering los conceptos de limpieza y vigilancia.

Como si fuera de hoy. La norma que regula los comedores, el menú, los conceptos que lo forman y quiénes se ocupan de atender a los alumnos a la hora de comer es de marzo de 2002.

Pero Aguirre (que fue ministra de Educación) y su consejera del ramo, Lucía Figar, la han descubierto recientemente. Para su sorpresa, de los cinco euros del menú no todo es comida sino que más de la mitad se destina a conceptos como limpieza, control sanitario y personal de apoyo y vigilancia “proporcionado por la empresa adjudicataria del servicio”. La orden especifica que si hay profesores del centro que den ese servicio “extraordinario” cobrarán un complemento anual y tendrán derecho a comer gratis. Posteriormente, otra norma cambió la denominación de “profesores de apoyo” por “funcionarios”.

La idea de Aguirre es que sean los profesores los que hagan el trabajo porque forma parte de su horario. Su táctica de enfrentar a padres y alumnos contra profesores busca desactivar el entendimiento que hay entre los dos colectivos y que puede verse en movimientos en defensa de la escuela pública como la marea verde. Si hay que pagar es porque los profesores son insolidarios. Esa es la idea.

Publicado en EL DIARIO.ES

De la estupidez del funcionario

No tengo claro si el funcionario nace o se hace. Sé que es un estatus laboral al cual se accede después de haber pasado unas oposiciones en justa competencia y concurrencia. Sé que es un estatus laboral al cual accedí ya hace algunos años. Sé que es algo que, supuestamente y sin a día de hoy tenerlo nada claro, permite un trabajo “mal pagado” (comparativamente con la empresa privada -aunque hoy en día se cobren en la misma sueldos “de mierda”-) a perpetuidad. Algo en lo cual uno si quiere puede jubilarse. Algo que le va a servir para traer pan caliente a su casa con independencia de las inclemencias mercantiles que se produzcan a su alrededor.

Hay algo que no entiendo. Que conforme pasa el tiempo me genera más desazón. La cantidad de funcionarios estúpidos que se reproducen como setas. De aquellos que optan por entidades sanitarias concertadas en lugar de escoger la Seguridad Social. De aquellos que optan por conciertos para escolarizar a sus hijos. De aquellos que huyen masivamente de los servicios públicos en los que ellos desempeñan su labor para acudir a servicios concertados (pagados por el Estado pero de gestión privada).

¿Es legal hacerlo? Claro que sí. La libertad de elección es algo contra lo que no se puede argumentar. ¿Es ético hacerlo? Cuestionable. ¿Cómo vas a defender algo en lo que no crees y ejercer tu profesionalidad en dicha faceta? Pero dejémonos de moralinas varias y vayamos a un tema en el que quizás muchos de esos funcionarios no piensan. ¿Realmente no tienen pensamientos egoístas hacia la mano que les da de comer? ¿Realmente es necesario morder esa mano con sus actuaciones? ¿Realmente no ven las consecuencias de esas decisiones hipócritas que están tomando?

Voy a hablar en clave egoísta. Haciendo algunas preguntas en voz alta para aquellos de entendederas limitadas. Para aquellos que piensan que esas decisiones no les van a traer consecuencias. Para aquellos que piensan que llevar a sus hijos a esos maravillosos centros concertados (hay algunos docentes de la pública que incluso los llevan a esos que separan niños y niñas), que usar la sanidad concertada u otros servicios igualmente subvencionados no va a tener ninguna afección sobre su trabajo. Que usar unas camisetas con diferentes eslóganes, defender el nepotismo en la selección de los trabajadores (comisiones de servicio a dedo) y decir con la boquilla para que alguien que no les conozca lo bonito y maravilloso que es lo público les va a impedir ser castigados por esa estupidez que cometen. Eso sí, después haciendo para ellos y sus familias lo contrario. Vender eso en lo que no creen.

En Valencia capital ya son más del 50% los alumnos que irán a centros concertados este año. En la mayoría de Comunidades se sigue la misma tónica. El número de alumnos que se escolarizan en la pública no para de trasvasarse hacia centros concertados. No nos podemos quejar. Lo estamos incentivando nosotros. A propósito, lo anterior implica reducción de personal en la pública. Sobran docentes. Primero sobran interinos. Los funcionarios también acabarán sobrando. Hay casi un millón y medio de funcionarios que han optado por la sanidad privada como comentaba anteriormente. Es mucha gente. Son muchos servicios que pueden desaparecer. Cuando hayan desaparecido y sólo exista sanidad privada que ninguno de esos funcionarios se queje. Que no se quejen de que no pueden pagar su asistencia sanitaria o la educación de sus hijos. Que no se quejen por haber perdido su trabajo al sobrar los funcionarios. Que no se quejen cuando, a corto plazo, su centro de trabajo reduzca plantilla y les obligue a desplazarse a cientos de quilómetros de sus domicilios.

No me esperaba tamaño despropósito de la mayoría de mis compañeros. Interinos a la cola del paro con sus hijos en la concertada. Lo más surrealista hecho realidad. Hipocresía que cuando estén a la cola del paro, llorando desconsoladamente por haber perdido un trabajo que consideraban a perpetuidad, va a amargarles muchas cosas. Algo que, tarde o temprano, gracias en parte a esos funcionarios estúpidos, va a suceder.

Estúpidos funcionarios.

Publicado en XarxaTIC

Asamblea de DOCENTES por la HUELGA INDEFINIDA Jueves 30 Agosto

Asamblea de DOCENTES por la HUELGA INDEFINIDA 30 Agosto

La contra-reforma educativa

El pasado 18 de julio el ministro de Educación, José Ignacio Wert, nos presentó las líneas maestras de su propuesta de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en la Conferencia de Educación. Aunque la mayoría de los detalles ya los habíamos conocido gracias a las diferentes filtraciones a la prensa, el análisis del texto que se nos presentó nos dio pie a que creciera nuestra sorpresa y nuestra oposición total a lo que en el mismo se recoge. Porque se trata de una apuesta completamente desacertada, tanto a nivel pedagógico como social. Nos proponen un modelo anticuado e injusto socialmente, un modelo que no confía en los profesionales y que pone más dificultades a las personas menos favorecidas a la hora de superar sus circunstancias de origen.

Teniendo en cuenta que el texto es todavía un borrador y cabe suponer que sufrirá grandes modificaciones antes de su versión final, no entraré a comentar sus múltiples desaciertos. Prefiero referirme a los errores de fondo, los que se encuentran en su propia concepción, esos que difícilmente se verán eliminados del mismo sin anular por completo la propuesta. Una propuesta que dice nacer con vocación de acabar con uno de los problemas más acuciantes de la educación española, el abandono escolar temprano, y que conseguirá justamente el efecto contrario. Las reválidas incrementarán la tasa de repetición del sistema educativo español y disuadirán a los alumnos de seguir estudiando.

Las reválidas incrementarán la tasa de repetición y disuadirán a los alumnos de seguir estudiando

La propia idea de que nuestro sistema educativo actual fomenta el abandono escolar temprano se me antoja extraña y profundamente equivocada. Durante los últimos años se ha producido un descenso importante en la media estatal de este indicador. En 2008 estaba en el 31% y el año pasado se situó en el 26,5%, lo cual indica una clara tendencia de mejora. Además, las comunidades autónomas tenemos índices completamente diferentes a pesar de que todas compartimos una misma arquitectura educativa. Tomemos Euskadi, por ejemplo: a día de hoy tenemos el abandono escolar temprano más bajo de todo el Estado, en torno al 12,5%. A ello concurren circunstancias diversas como la alta valoración que la sociedad vasca en relación a su sistema educativo, que se corresponde con un sistema productivo de exigencias académicas altas.

Quizás lo más dramático de esta reforma es que podría llegar a desahuciar y estigmatizar a un alumno a una edad tan temprana como los doce años por un único tropezón en un examen concreto. Por otro lado, no se puede mostrar una mayor desconfianza sobre el trabajo y la capacidad técnica del profesorado que monitoriza cada día a nuestros estudiantes y que durante toda una etapa educativa ha seguido su desarrollo día a día. Hacer prevalecer el resultado de una sola prueba realizada en un momento determinado sobre el análisis integral de la evaluación continua es injusto. Otro de los efectos más perniciosos de esta propuesta es sin duda el adelanto de la edad de segregación del alumnado. También en este caso la propuesta del gobierno de Rajoy trata de encontrar una justificación, sin resultado. Se fija en los resultados de países como Alemania o Inglaterra, que segregan a los alumnos muy pronto, para orientarnos hacia su modelo, pero se olvidan de otros como Finlandia, que hace todo lo contrario y, sin embargo, lidera todos los indicadores europeos y mundiales en cuanto a resultados.

Se nos plantea un sistema determinista que dejará en la cuneta a los que tienen más dificultades

Detrás de esta propuesta subyace también la construcción de una trayectoria de segunda sobre la Formación Profesional. La FP aparece como una especie de premio de consolación para quien no puede seguir la vía académica o como desagüe del alumnado que presenta dificultades en su trayectoria escolar. Es especialmente grave que incluso en el primer borrador del texto enviado por el ministerio se incluyera literalmente que los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) eran “para alumnos con situación socio-económica desfavorable”. Una frase que ya ha sido eliminada, pero que sin duda contiene toda una declaración de intenciones. Con frase o sin ella, el resultado será el de una dualización social fruto de un sistema educativo de doble carril. Uno para los poderosos y otro para los más débiles.

En definitiva, esta propuesta de reforma educativa, que yo más bien calificaría de contra-reforma, nos plantea un sistema determinista que dejará en la cuneta a los que tienen más dificultades, a pesar de que ya sabemos que solamente aquellos que avancen hasta etapas posteriores a la ESO tendrán posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Toda la propuesta es profundamente segregadora y tendrá consecuencias en el modelo social, porque al discriminar a los doce años, cuando todavía el sistema educativo no ha tenido tiempo de hacer su labor, el resultado estará muy condicionado por las circunstancias de origen.

Valores como la equidad y la cohesión social se verán muy perjudicados si este modelo llega a materializarse y el conjunto del sistema educativo retrocederá hasta los años sesenta, tanto en estructura como en resultados. El verdadero reto para la Educación contemporánea hemos de fijarlo en nuestra capacidad para alcanzar un sólido acuerdo de bases que nos permita avanzar en la excelencia sin sacrificar los altos niveles de equidad y cohesión que a lo largo de los últimos años hemos conseguido.

Isabel Celaá es consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco.

Publicado en EL PAÍS 

Asamblea del profesorado de Madrid. Viernes 31 de agosto, 10hrs. C/Lope de Vega 38.

FAPA Giner de los Ríos: Nota de prensa sobre los comedores escolares y las declaraciones de la Presidenta Aguirre y la Consejera Figar.

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” se opone de forma rotunda a que se desmantelen los comedores escolares de los centros públicos de nuestra Comunidad, exige la dimisión de quienes siendo los responsables de la educación madrileña dicen desconocer la normativa que aplican, y se encuentra harta de que se intente desprestigiar constantemente al profesorado, enfrentándolo además a las familias en un intento de culparlo de las consecuencias de la nefasta gestión de los servicios públicos.

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que las declaraciones realizadas ayer por la Presidenta de la Comunidad y la Consejera de Educación y Empleo son inaceptables en una sociedad que se considere democrática y deberían llevar consigo la dimisión inmediata de ambas responsables políticas.

En un nuevo desprecio por los ciudadanos que optan por el servicio público de educación, ambas responsables políticas han vuelto a posicionarse del lado del engaño a las familias, el desprestigio del profesorado, el desmantelamiento de lo público, la generación de cortinas de humo para esconder sus verdaderas intenciones, y las medidas para despedir personal que presta un servicio público para beneficio exclusivo de intereses privados.

La FAPA conoce el borrador de la norma que regulará desde ahora el comedor escolar y dicho texto desmiente las afirmaciones realizadas, así como deja muy claras las verdaderas intenciones del Gobierno Autonómico y su Consejería de Educación y Empleo, que no son otras que desmantelar los comedores escolares de los centros educativos públicos para que quienes los necesiten tengan que acudir a los centros privados, carencia que se han negado a solucionar, salvo excepciones, en los centros públicos de educación secundaria.

El simple reconocimiento por parte de la Consejera de Educación y Empleo de su supuesta ignorancia sobre cómo funcionan los comedores escolares, debería conducirla, al llevar ya cinco años en el cargo, al cese inmediato. En la empresa privada, terreno que le gusta tanto a la Presidenta Regional, sería así, pero en las responsabilidades políticas, cuando ocurren estas cosas normalmente se asciende o refuerza a quienes están en esa situación. Todos podemos recordar cómo el anterior Consejero de Transportes negó en el Pleno de la Asamblea de Madrid la existencia del Metrobús sin que pasara nada, salvo cierto revuelo mediático en su día, y ahora preside dicha institución.

La realidad es que se habla de llevar la comida desde casa para enmascarar la eliminación de las ayudas de comedor escolar, de que deberían ser los docentes los que atiendan a los niños y niñas en el comedor para ocultar que la verdadera intención es dejar en el paro a los monitores que realizan esa función y, de paso, con todo ello, reducir drásticamente el número de comensales para que las empresas de comedor, especialmente las pequeñas, no contraten de nuevo a los monitores que despidieron al llegar el verano; las cocinas no sean rentables y no se contraten cocineros/as; la comida prefabricada se empiece a distribuir en todos los centros donde todavía se hace la comida en las cocinas, lo que sin duda beneficiará a determinadas empresas de catering supuestamente bien relacionadas con el Gobierno Autonómico; y cerrar todos los comedores posibles. Los que pagan toda esta jugada, los de siempre, las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en la escuela pública y las personas que trabajan en ella.

Por cierto, también debemos recordarle a la Consejera el momento en el que los comedores escolares se ponen en marcha cada curso escolar: en septiembre, no en octubre como dijo por desconocer también tal aspecto o negarlo por serle de interés. Para comprobarlo sólo hace falta que se lea la normativa de la que es máxima responsable, en la que, asimismo, se habla de la atención antes, durante y después de la comida del personal contratado por las empresas de comedor, hecho éste que dice desconocer, como parece desconocer el horario lectivo y no lectivo de los docentes, pues no es cierto que el momento del recreo del comedor sea horario de trabajo de los docentes, es el momento en el que ellos comen.

La FAPA exige que los monitores de comedor de los centros educativos públicos sigan siendo los que atiendan los comedores escolares, como es lógico y obligado por la normativa vigente, tanto de educación como de sanidad alimentaria, y no aceptará cambio alguno en este extremo, acudiendo a los tribunales si fuera necesario, sobre todo cuando surja el más mínimo incidente en los comedores escolares como consecuencia de la nueva normativa que entre en vigor, responsabilizando de ello a los responsables políticos que aprueben y firmen dichas normativas.

Por supuesto, rechaza totalmente que se continúe desprestigiando al profesorado de nuestros hijos e hijas, que se les intente endosar una función que no les corresponde, y que se busque constantemente enfrentar a las familias con estos, algo que seguiremos intentando evitar por el bien de todos.

La FAPA realiza una labor específica de información sobre el funcionamiento de los centros educativos cuando se inicia el curso escolar, entre las que se incluye el tema del comedor escolar como no puede ser de otra manera, y anuncia un incremento de dicha labor para desmontar los engaños a los que se somete a las familias por parte del Gobierno Autonómico y la Consejería de Educación y Empleo.
Reiteramos que los engaños, desprecios, y las medidas tomadas contra la educación pública madrileña exigen la dimisión inmediata de ambas responsables políticas.

28 de agosto de 2012

http://www.fapa.es/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=638&tid=8

Un tercio de las familias no podrán comprar libros de texto

La dramática situación económica de muchas familias en España les va a impedir este año asumir el gasto que implica cada principio de curso escolar la compra de todos los libros de texto que les exigen a los hijos en el colegio. En concreto, uno de cada tres niños en edad escolar tendrá serias dificultades para llevar los manuales requeridos, según han confirmado los presidentes de la Confederación Española de Asociación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y de la Asociación Giner de los Ríos, Jesús María Sánchez y José Luis Pazos, respectivamente. Las dos asociaciones han hecho una estimación aproximada de lo que puede pasar en el curso 2012-2013 dado el elevado número de familias que "ni siquiera son mileuristas y que subsisten con los 450 euros".

Pazos, que es presidente de la asociación en Madrid, ha recordado que precisamente en la Comunidad madrileña esta cifra se acerca al promedio de gasto que tiene que afrontar una familia con dos niños de cara al nuevo curso solamente en libros de texto y material curricular. También ha subrayado que el precio de los libros ha subido este año una media del 2,39% a lo que se une el aumento del IVA del 4 al 21% en el caso del material escolar, de uso imprescindible en las aulas.


Según un estudio de comercio interior del libro 2011, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España y hecho público este lunes, el gasto medio por alumno en España el pasado año fue de 111,12 euros, cifra que oscila entre los 130,07 euros de media de un alumno de educación primaria y los 70,81 euros de un niño matriculado en educación infantil. Sin embargo,a juicio de Pazos esta cifra cifra de 111,12 euros de gasto medio "no es real" y obedece a un estudio de las editoriales trasladado a la Comunidad de Madrid "para justificar el importe que el Gobierno regional concedía a las familias para ayudas en la compra de libros de texto".

Las asociaciones denuncian la práctica desaparición de las ayudas para libros y comedor

Tanto el presidente de la CEAPA como el de la Asociación Giner de los Ríos coinciden en que este curso las AMPA de los distintos colegios, públicos y concertados se verán obligadas a potenciar otras alternativas como los mercadillos de libros o los préstamos entre las propias familias. También está en mente de la CEAPA y de la Asociación Giner de los Ríos concienciar a los niños para que cuiden los textos y sean conscientes de que esos manuales pasarán por más manos al objeto de evitar "los derroches de los últimos años donde los libros de texto eran de usar y tirar".

Además, Pazos ha recordado que ya el año pasado muchas familias recurrieron a los sistemas de préstamo, situación que este curso esperan que se agrave dado el aumento de núcleos familiares en situación de "absoluta beneficencia". Y también ha querido denunciar la práctica desaparición este curso de las ayudas para libros de texto y comedor, y con las que hasta ahora subsistían las familias de rentas más bajas.

Con motivo de la reiterada de becas en la mayoría de las comunidades, la página change.org ha iniciado una recogida de firmas on line -ya han superado las 9.500- bajo el lema "por un precio justo para los libros de texto", y que se dirigirán al Ministerio de Educación con la intención de que se regulen estos manuales en la educación obligatoria.

Publicado en PÚBLICO.ES

Esperanza Aguirre reduce a un tercio las becas de comedor y pretende responsabilizar a los maestros de la implantación de la "tasa tupper".

Los alumnos madrileños de primaria empiezan el curso el 10 de septiembre. A partir de octubre, los comedores escolares abren sus puertas con una novedad: las familias que quieran podrán mandar a sus hijos con una tartera de casa. Pero, ¿quién vigilará a esos chicos y su comida? ¿Cómo se gestionará el servicio? ¿Los padres tendrán que pagar? Todavía no se sabe. La Consejería de Educación ha anunciado varios cambios a lo largo del verano. El último, que ha avanzado este lunes la presidenta Esperanza Aguirre, es que sean los profesores quienes hagan esa función para así “reducir al máximo” la posible cantidad que tengan que abonar las familias.

El pasado julio, la Comunidad de Madrid recortó 28 millones de ayudas para becas de comedor y libros en la revisión del presupuesto de 2012. Los 29,3 millones reservados a comedor el curso pasado, que se repartieron entre 112.000 niños, se reducen en un tercio. Aún no se ha publicado la orden para que las familias soliciten las ayudas para este curso, pero Educación ya ha confirmado que dispondrá de “entre 16 y 18 millones”.

La consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, señaló en julio que las becas son “amplias” para cubrir a las familias perceptoras de la renta mínima de inserción, a las que tienen a la madre y al padre en paro, o a un miembro en desempleo de larga duración y a un número “suficiente” de hogares con rentas bajas. El precio mensual del comedor ronda los 90 euros.

Ante el recorte de ayudas y como alternativa a la crisis económica, Madrid se apuntó a la iniciativa de otras comunidades autónomas y permitió la entrada de las tarteras. Cataluña, por ejemplo, anuncia que los alumnos con tupper pagarán hasta tres euros al día. Valencia fija el máximo en 1,45 euros. El precio del menú escolar ronda los cinco euros. Madrid no ha establecido ninguna horquilla. Preparó una orden que aún no se ha publicado y cuyo borrador dejaba en manos de cada consejo escolar la decisión sobre la cuantía por uso de instalaciones y supervisión de monitores.

Según la Consejería de Educación, todos los centros públicos madrileños con comedor incluyen esa vigilancia. Aguirre ha visitado este lunes las obras de ampliación del colegio público Josep Tarradellas, en Las Tablas. Allí ha asegurado que para su Gobierno ha sido una “sorpresa” conocer que parte del coste del servicio de comedor proviene del control a los alumnos. Lucía Figar, que también desconocía hasta “hace unos meses” ese particular, ha añadido que tiene que revisar los contratos entre los centros y las empresas de cátering para buscar una solución, que puede llegar con el curso empezado o en el siguiente.

Según sus estimaciones, la mitad del precio del menú (2,5 de cinco euros) corresponde a los alimentos y el resto se reparte entre elaboración y vigilancia, sin que Educación haya facilitado la cifra concreta. Tampoco aclara si hay que revisar o modificar alguna normativa para que los profesores asuman esa tarea.

CC OO y UGT remiten a una orden ministerial de 1994 que regula la organización y el funcionamiento de los centros de infantil y primaria. Los maestros trabajan 37,5 horas semanales, de las que oficialmente pasan 30 en el centro y el resto fuera corrigiendo exámenes o preparando clases. De ellas, 25 son lectivas y las otras cinco se destinan a actividades complementarias, recogidas en la orden. El documento cita varias, entre las que no se encuentra la vigilancia de los menores en el comedor: entrevistas con los padres, asistencias a reuniones, perfeccionamiento e investigación, entre otras.

La propuesta de Aguirre “no tiene respaldo legal”, según Eduardo Sabina (UGT), que tilda de “ocurrencia” el anuncio regional. “Abre unas posibilidades tremendas: ¿También quiere que el profesor coja el mocho y limpie?”, añade. Paco García (CC OO) asegura que hace “más de 30 años que los profesores dejaron de vigilar el comedor porque no era una labor educativa”. García anuncia que su sindicato acudirá “a los tribunales y a la calle” para rechazar esta modificación si se lleva a cabo.

Publicado en EL PAÍS

¿Cómo se separa por sexo sin discriminar?

¿Cómo se separa por sexo sin discriminar? 

Por una escuela pública, laica y literaria.

Son numerosos los cuentos infantiles que giran sobre el temor de los niños a ser rechazados por los adultos. Suelen terminar con el regreso a casa de sus pequeños protagonistas. Cuando esto sucede, ya no son los mismos que aquellos que fueron abandonados. Se han enfrentado a los peligros del mundo y regresan preparados para asumir los compromisos del crecimiento. Y lo hacen, esto suele olvidarse, portando con ellos los tesoros del mundo de la infancia: las riquezas de la bruja, la gallina de los huevos de oro, el botín que se guardaba en la cueva de Alí Babá.

Los cuentos maravillosos contienen una enseñanza para niños y adultos. Al niño le dicen que la vida es extraña, y que tendrá que enfrentarse a numerosos peligros al crecer, pero que si es noble y generoso logrará salir adelante; y al adulto, que no debe abandonar del todo su infancia, pues su vida se empobrecerá si lo hace. “Somos todos”, escribió Ortega, “en varia medida, como el cascabel, criaturas dobles, con una coraza externa que aprisiona un núcleo íntimo siempre agitado y vivaz. Y es el caso que, como el cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior al dar un brinco para libertarse y chocar con las paredes de su prisión”.

Nadie puede discutir el papel que ha representado la escuela pública en esta reivindicación de la autonomía de la infancia, ni el esfuerzo que se han visto obligados a realizar varias generaciones de maestros y maestras para lograr una enseñanza que no se dirija a un niño privilegiado sino al niño único, a ese niño que en el fondo son todos los niños, al margen de su sexo, clase, raza, religión o capacidad.

La enseñanza debe ser pública, laica y, como afirma Federico Martín Nebreda, literaria. Sólo siendo pública se asegurará la igualdad de oportunidades, y la atención a los menos favorecidos; sólo siendo laica, sus valores serán los principios universales de la razón y no estarán dictados por ninguna iglesia ni sujetos a dogmas particulares. Y sólo siendo literaria el adulto acertará a ponerse en el lugar de los niños y a mirar por sus ojos. Porque es verdad que los niños van a la escuela a aprender una serie determinada de saberes, matemáticas, geografía, ciencias naturales, pero también a hablar con esa voz que sólo a ellos pertenece y que hay que saber escuchar.

A la educación racional, basada en la trasmisión ordenada de conocimientos objetivos, debe añadirse otra, basada en el amor y en el reconocimiento del valor y el misterio de la infancia. Montaigne no aprobaba la pasión de hacer carantoñas a los recién nacidos, por considerar que carecían de toda actividad mental y eran indignos de nuestro amor, llegando a no soportar que se les diera de comer en su presencia, y durante mucho tiempo el niño que era demasiado pequeño para participar en la vida de los adultos era considerado un ser inferior que debía permanecer en el ámbito doméstico y de las mujeres. Pero el niño es algo más que una criatura imperfecta a la que hay que llevar de la mano hasta que se transforme en alguien semejante a nosotros. El niño, como ha dicho François Dolto, es el médium de la realidad. Su voz, como la del poeta, es la otra voz, la voz que nos sitúa en el ámbito de esas experiencias básicas, la del conocimiento, la del amor, la de la imaginación, sin las que nuestro corazón se agostaría inevitablemente.

Rainer Maria Rilke escribió que la verdadera patria del hombre es la infancia. Frente a la idea de la infancia como un mero estadio de transición hacia el estado adulto, el poeta alemán postula la autonomía radical de la infancia. Aún más, la ve como un estadio superior de la vida, como esa patria a la que antes o después es necesario volver. George Bataille dijo que la literatura es la infancia recuperada; George Braque, que cuando dejamos de ser niños estamos muertos; y J. M. Barrie, el autor de Peter Pan, que los dos años son el principio del fin. No se trata de que el niño no deba crecer, sino de valorarle por eso que es en sí mismo y que le hace ser soberano de un reino del que solo él tiene la llave.Por eso la escuela debe ser literaria y el maestro, antes que nada, alguien que cuenta cosas. Un maestro no necesita para esta tarea que los niños le entiendan, debe arreglárselas para que le sigan, para que vayan donde él va. Como el flautista de Hamelin, debe contagiar a los niños su felicidad y su arma para lograrlo son las palabras. No las palabras de las creencias, que le dicen al niño cómo debe pensar y vivir; sino las palabras libres del relato, que le animan a encontrar su propio camino. Sherezade encanta al sultán con sus historias y así logra salvar la vida; la Pequeña Cerillera ilumina el mundo con sus frágiles fósforos, y en un cuento de Las mil y una noches un muchacho ve cómo un grupo de ladrones hace abrirse la montaña donde guardan sus tesoros con una palabra. Las palabras de la escuela deben ser ese ¡ábrete Sésamo! capaz de abrir las piedras y llevar al niño a la cueva donde se guardan los tesoros del corazón humano. Pero también, como las llamas de la cerillera, deben ayudarle a ver el mundo. No sólo a ver mejor, sino a ver lo mejor, como quería Juan de Mairena.

Las palabras de la literatura hablan de esa patria perdida. Hacen vivir las preguntas, nos enseñan a ponernos en lugar de los demás y tienden puentes entre realidades separadas: el mundo del sueño y el mundo real, el de los vivos y los muertos, el de los animales y los hombres. Las palabras de la escuela deben seguir esta senda. ¿Cómo podría ponerse en contacto un maestro o una maestra, que son adultos, con un niño si no es con palabras así?

La educación debe tener un contenido romántico. Se educa al niño para decirle que en este mundo, por muy raro que pueda parecer, es posible la felicidad. Educar es ayudar al niño a encontrar lugares donde vivir, donde encontrarse con los otros y aprender a respetarles. Lugares, a la vez, de dicha y de compromiso. Donde ser felices y hacernos responsables de algo. Blancanieves huye al bosque, se encuentra con la casa de los enanitos y pasa a ser una más en su pequeña comunidad; Ricitos de oro, al utilizar los platos, sillas y camas de los osos se está preguntando sin saberlo por su lugar entre los otros. Una casa hecha para escuchar a los demás y estar pendiente de sus deseos y sueños, donde hacernos cargo incluso de lo que no entendemos, así deberían ser todas las escuelas.

Educar no es pedirle al niño que renuncie a sus propios deseos, sino ayudarle a conciliar esos deseos con los deseos de los demás. En un cuento de Las mil y una noche dos niños viven felices en su palacio, donde tienen todo lo que pueden desear. Una tarde ayudan a un anciano y este, en señal de agradecimiento, les habla de un jardín donde pueden encontrar las cosas más maravillosas. Y los niños, desde que oyen hablar de un lugar así, solo viven para encontrarlo. Adorno dijo que la filosofía era preguntarnos no tanto por lo que tenemos sino por aquello que nos falta. Eso mismo debe hacer la educación, incitar al niño a no conformarse, a buscar siempre lo mejor. ¿Para qué le contaríamos cuentos si no tuviéramos la esperanza de que puede encontrar en el mundo un lugar donde los pájaros hablan, los árboles cantan y las fuentes son de oro? Aún más, ¿si no fuera para encontrar también nosotros, los adultos, gracias a los niños, lugares así?

Gustavo Martín Garzo es escritor.

Publicado en EL PAÍS

Educación para la Pederastia

Un país puede permitirse tener a un zombie de presidente. A un vago de ministro de trabajo. A un hippie en la cartera de defensa. A un ludópata de responsable de economía. A un pirómano en el ministerio de medio ambiente. Aun así, el país funciona. Lo que no puede permitirse ninguna patria es tener como ministro de educación y cultura a un zafio ignorante. Por suerte, nosotros le hemos otorgado tal dignidad a nuestro bienhadado José Ignacio Wert.

José Ignacio Wert ha salido tan listo que hasta le sobran 20.000 profesores. Ya era hora de que alguien nos cantara las verdades del barquero, pues hasta la llegada de Wert el único barquero que te decía la verdad era Caronte.
No es la primera vez que este país está en crisis por exceso de sabiduría. Y la experiencia nos sirve ahora para adoptar medidas como la que acaba de anunciar nuestro ministro. Hay que cargarse a 20.000 educadores, que a Wert y a España le sobran.
Ya en 1936, un exceso de cultura estaba pudriendo España, y nuestros militares, en defensa de la patria, tomaron las medidas oportunas. Con enorme educación, los soldados de Franco invitaron a miles de maestros, catedráticos, intelectuales, creadores y poetas a dar un delicioso paseo mientras los convencían de que debían reciclarse. Estas conversaciones dieron sus frutos, aquellos pensadores hicieron apostasía de su error y muchos de ellos optaron por el negocio de la jardinería. Aun hoy, las malvas que adornan muchas cunetas españolas son herencia de aquellos reconvertidos educadores, que comprendieron que España necesitaba sus cerebros para hacer la fotosíntesis y criar flores. Honremos su patriótica feracidad craneal.
Los maestros actuales también deben entender que van sobrando en España, dado que uno ya siente cierto hartazgo de hablar de Schopenhauer en los campos de fútbol cada vez que echa a rodar el balón. Y es que, con tanta cultura, en España no se habla más que de Schopenhauer.
Eso de que la cultura nos hará libres es una falacia, como lo demuestran los miles de intelectuales justamente encarcelados tanto en países fashion-liberales como en otros fascio-comunistas. La cultura es solo una disculpa que se inventan los cobardes para no ir a la guerra.
-Hijo, vente conmigo a enterrar unas bombitas de racimo en el jardín de los vecinos, que hacen ruido y tengo que airear la mala uva.
-No puedo, que estoy leyendo a Eurípides.
-¿El vástago de Klitonis y Mnesarco? ¡Serás maricón!
Dejaciones así las sufrimos los padres españoles a diario, la tragedia de ver a tus hijos enganchados a un libro, y por eso se hace necesario y urgente cargarse a 20.000 educadores, tirando a poco, y fomentar los valores que siempre han distinguido a nuestro país, cual son la superchería y la brutalidad. Si elimináramos de nuestra historia la superchería y la brutalidad, España casi no tendría historia. Y eso sería muy trágico. Un país sin historia es como un muerto de muerte natural. Insípido.
¿Por qué salir en el Lancet cuando se puede ser portada del ¡Hola!, que se lee más?
¿Para qué enseñar filosofía si pagan más por enseñar el culo?
¿Para qué sirven 20.000 maestros teniendo a un Wert?
La cultura, en España, se estaba poniendo incomodísima. De hecho, ahora mis novias jóvenes me abandonan en no menos de cuatro idiomas, y eso internacionaliza mi dolor hasta límites trasfronterizos y catastróficos. Culpa de la cultura. Y las niñas ya no quieren ser princesas, sino bioquímicas. Culpa de la cultura. Y mi editor no hace más que arrojarme sacos de millones de euros por encima de la verja en concepto de derechos de autor. Culpa de la cultura.Y el hielo de mi whisky se largó a otra fiesta. Culpa de la cultura. ¿Adónde vamos a parar?
Con todos los músculos de los 20.000 maestros de Wert no se construirían ni dos policías antidisturbios para proteger el Congreso. Con eso lo digo todo.
La ventaja que tenemos los fascistas, y se lo voy a confesar a usted en privado, es que la belleza es mucho más fácil de destruir que la fealdad. Pruebe usted a destrozar un AK-47 golpeándolo con el Gernika. Y pruebe la viceversa. Quizá sea verdad que la cultura nos puede hacer libres, pero estoy seguro de que la ignorancia nos hará ricos. Y esto es más importante. Ya lo estamos viendo.
Se me acaban las ideas porque no les deja sitio mi ideología. Ahora a mi admirado Wert le queda sustituir a los 20.000 maestros por 20.000 curitas babeantes para salvar España. Y trasformar la Educación para la Ciudadanía en Educación para la Pederastia, disciplina en la que somos una potencia científica mundial. ¿No querías educación sexual para tus niños, rojo de mierda? Pues toma.


Anibal Málvar en Público.es

Es la guerra

Vamos a suponer que no hay dinero, como dicen. Y vamos a suponer también que el Estado es como una familia, que no debe gastar más de lo que ingresa.

En estas circunstancias, el fallo del Tribunal Supremo considerando discriminatoria la separación por sexos en los colegios concertados y eximiendo por ello de subvencionarlos al Ministerio de Educación es una buena noticia. El departamento de Wert ha sido uno de los más castigados por la crisis, y el ministro no ha tenido más remedio que aumentar dos horas el horario de los profesores, subir a 40 la ratio de alumnos por clase en el bachillerato, obligar a que las autonomías despidan interinos y prohibir la convocatoria de oposiciones a profesorado. Gracias al fallo del Supremo, el Ministerio podrá ahorrarse un buen pellizco y dedicar el dinero de estos 70 colegios sexistas a aliviar algo la penosa situación de la educación pública.

Si España no fuera un país intrínsecamente corrupto y no estuviera dirigido por un hatajo de mediocres al servicio de intereses particulares, y si el ministro Wert fuera un honrado defensor de la enseñanza y el dinero públicos, se sentiría aliviado de no tener que cubrir esa factura. Exactamente igual que una familia, a la que el Tribunal Supremo hubiera eximido para los restos de tener que pagar el consumo de electricidad. ¿A alguien se le ocurriría burlar un fallo tan fantástico y seguir abonando todos los meses el recibo de la luz? Pues sí. El ministro Wert, en una obscena exhibición de desvergüenza, se ha mostrado contrariado por el fallo del Supremo. Está dispuesto, ha dicho, a reformar la legislación para evitar un ahorro de esta envergadura. ¿Alguien lo entiende? ¡Pues claro que lo entendemos! Más claro, agua.

Repitiendo mil veces esa mentira de que no hay dinero, acudiendo una y otra vez al cuento de la familia y el ahorro, el PP desmantela delante de nuestras narices la enseñanza pública. Una vez demolida, podrá ofrecer a sus amigos, a sus familias, a sus financiadores un suculento sector con innumerables oportunidades de negocio: colegios sexistas o no, institutos y universidades sin la competencia desleal de las devastadas universidades públicas. Destruirlo todo para volverlo a construir gracias al capital privado. Es la lógica y el negocio de la guerra.

Antonio Orejudo en El Diario.es 

Educación, clasismo y violencia.

Puede que convirtamos las columnas de periódicos y las calles del país en una procesión de quejas gremiales, y que incluso entre los propios trabajadores nos miremos y nos leamos con recelo para calcular quién tiene la estocada política y económica más profunda y, por lo tanto, quién tiene más derecho a una queja mayor y en primera línea. Eso sería un problema entre la clase trabajadora. Y hablemos de clase, que de eso se trata.

Hay para todos lamentablemente. Los ataques a la sanidad, desde la privatización irreparable de los hospitales hasta el nuevo apartheid (no se llama de otro modo) que prohíbe a un sector de la ciudadanía recibir atenciones médicas, se combinan con una reforma laboral paradójica en sus términos (no es reforma, no se perfila nada, sino que se desdibuja toda una estructura de derechos), con una liberalización de las razones y las vías de despido, con una amnistía fiscal para los dueños de la crisis, con una subida de impuestos sin discriminación de tramos de renta, con la criminalización de la protesta ciudadana por un delito de resistencia pasiva, con la pérdida de derechos como es el derecho de aborto (recordemos: “derecho”; recordemos: “libre”; recordemos: “voluntario”... ¿qué quiere decir #ViolenciaEstructural?) y de servicios como las campañas de prevención del Sida (no se nombra ninguna partida para el Plan Nacional sobre el Sida en los Presupuestos Generales del Estado: ¡buena suerte!), con el despido de funcionarios que se prepara en el País Valenciano, con los asaltos a las televisiones públicas, con la apropiación del concepto de seguridad que hará anular el Tratado Schengen cuando lo consideren necesario, por ejemplo.

Siento caer en la enumeración de las tragedias, pero no merecería ser entendido el ataque a la educación y a la investigación sino en el marco global de desmantelamiento de lo público. Y este artículo no se debería entender como un lamento que pretendiera ser privilegiado.

Pensar que 40 niños por aula rinden igual que 20 niños por aula es no saber de educación. Creer que cinco horas semanales más por profesor es asumible sin menoscabo de la calidad es no saber de educación. Considerar que la reducción de plantilla en un centro es numéricamente posible es no saber de educación. Pero del desprecio, han pasado a la condena. Aumentar exageradamente el precio de la universidad pública es una medida clasista. Reducir el número de carreras en función de criterios de rentabilidad es una medida clasista. Sancionar con matrículas exageradamente caras al alumnado que no pueda superar la primera convocatoria de una asignatura es una medida clasista. Obligar (y el verbo es preciso) a cursar másteres que superan los 2.000 euros para poder trabajar en algo de formación propia es una medida clasista. Clasismo es seleccionar a los alumnos que tienen posibilidades económicas... y estamos en ello; la educación trataba de seleccionar a los ciudadanos que con su talento y su esfuerzo merecían servir mejor a lo colectivo; ahora tratará de crear una nueva élite que, paradójicamente, tendrá una formación mucho más pobre. Y ese clasismo traerá aparejada una mercantilización rampante, fuera del control estatal, en el ámbito de la educación media y en la superior.

No hay oposiciones a profesor de nada. Se han suprimido los programas de lectorado para salir al extranjero a dar clases. Las ayudas para la investigación y para realizar un doctorado a los alumnos que terminan las carreras están en el aire. Si no hay trabajo y la educación se vuelve prohibitiva, ¿qué hacer? La idea feliz del consejero de Trabajo de la Generalitat de Catalunya es la de muchos: a Londres, a servir cafés. Pero eso no es solución. Es clasismo. Y si el Estado corta todas las vías de cohesión social y hace alarde de una reflexión tan baja y tan instintiva, tendrá que hacerse responsable de la violencia que genera. Y digo “que genera”. No digo “que genere”.

Unamuno, pese a él mismo, defendió sus clases de griego en Salamanca, se encaró públicamente con un fascista mutilado (al que este país sigue honrando) y llegó a cierta conclusión: “que investiguen ellos”... Nosotros, ni tan Unamuno ni tan clases de griego en Salamanca (con perdón), un poco más TIC, un poco más educación integral y un poco más Tutoría Virtual, podríamos llegar al mismo punto: “que investiguen ellos”, los de la calculadora, los de las listas de servicios denegados, los del negocio libre, los del yate con martini, los de la caza de elefantes en Botsuana, los fascistas mutilados. Y el Estado deberá hacerse responsable de sus consecuencias.Triturar la educación, la formación, los circuitos culturales y bloquear las expectativas de toda mi generación espero que sea bueno económicamente. Sin embargo, unir frustración, control, multitud y tiempo libre puede resultar una combinación peligrosa. Las Humanidades no pueden considerarse frívolas ni prescindibles: señalan el camino exacto de lo que ocurre, detectan las operaciones ideológicas que se están activando para desmontar toda resistencia ciudadana y son capaces de proponer nuevas formas de conocimiento y nuevas formas de relación entre sujetos. Es un peligro despreciarlas, y se desprecian subiendo los créditos de docencia a profesores universitarios hasta un límite que se asemeja a la producción industrial o cercenando la vida laboral de miles de profesores contratados (y es verdad que son miles), que se unirán a mi generación perdida en un salto precario-temporal calculado y sin precedentes.

Nota: lo de fascistas mutilados entiéndase como un símbolo. No está la vida como para andar insultando. Bastante drama es observar. Lo del elefante en Botsuana también es un símbolo. Por si acaso.

José Martínez Rubio, becario de investigación en la Universitat de València.

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Los padres perderán su capacidad de decisión en colegios e institutos

Los Consejos Escolares de los centros EN PELIGRO. 


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años recomendando la autonomía de los centros escolares como una de las más eficaces herramientas para mejorar los resultados educativos. Dicen que si los responsables de los centros tuvieran más margen para decidir qué y cómo enseñar, cómo gastar el dinero, elegir a los profesores e, incluso, negociar con ellos su sueldo, las cosas irían mejor. En España, han insistido en ello tanto los Gobiernos del PSOE como los del PP, pero, como siempre, con matices muy distintos y, por supuesto, condicionados por la realidad del país, por ejemplo, por la estructura funcionarial de los docentes de la escuela pública.

Así, la reforma que propone el Ministerio de Educación que dirige José Ignacio Wert hace una serie de propuestas en torno a esa idea de autonomía que levantarán, sin duda, importantes discusiones. Por ejemplo, la que anuncia que los consejos escolares de los centros, donde están representados padres, profesores, alumnos (en los institutos de secundaria) y otros trabajadores, pasarán a ser meramente “consultivos”, dejando las funciones “decisorias” a los equipos directivos. En el ministerio han explicado que se trata de “clarificar” las funciones de cada uno para que todo funcione de forma más eficiente, pero la falta de concreción de la propuesta deja muchos flecos abiertos.

Sin embargo, algunos especialistas ven la idea inviable de raíz. “Creo que puede ser anticonstitucional limitar al asesoramiento las funciones del consejo escolar. El artículo 27 de la Constitución Española establece que profesores, padres y alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos”, recuerda el catedrático de Sociología de la Complutense de Madrid Rafael Feito. En todo caso, la discusión será si esa participación puede reducirse a la consulta.

Ahora mismo, por los consejos escolares pasan las decisiones más importantes del centro, como la aprobación de presupuestos, los problemas disciplinarios, el visto bueno de los proyectos educativos o el control de los procesos de admisión de alumnos: no en vano se les define en la ley como órganos de gobierno. También tienen, junto al claustro de profesores, la última palabra sobre la selección del director del centro.

Los colegios concertados (privados subvencionados con dinero público) también están obligados a tener un consejo escolar con esas mismas competencias, lo cual ha generado muchas discusiones a lo largo de los años. En general, las patronales de la concertada lo consideran una intromisión, más aún desde la última reforma legal de 2006, que incluyó entre los miembros del consejo a un representante del Ayuntamiento.

Los directores de los centros públicos, reunidos en la asociación Fedadi, se han venido quejando durante muchos años de la lentitud y las ineficiencias que este modelo significa para los centros. Sin embargo, su propuesta no es convertir en consultivos a los consejos escolares, sino que sean un “organismo de control”, de tal manera que los equipos directivos tengan capacidad para decidir en cada momento lo que consideren la mejor opción, pero luego se vean obligados a rendir cuentas al consejo escolar, explica el presidente de Fedadi, José Antonio Martínez.

Jesús María Sánchez, presidente de la confederación de padres y madres mayoritaria en la enseñanza pública, Ceapa, señala que está dispuesto a debatir cambios en las competencias de los consejos escolares y en su composición, “pero no a renunciar a su capacidad de decisión pasando a ser solo consultivos”, señala por teléfono. Sánchez explica que, en la práctica, salvo en contadas ocasiones en que las decisiones han de ser por unanimidad, la voz cantante es del claustro de profesores, que cuenta con el mayor número de representantes.

De hecho, la queja de algunos directores se basa en que este reparto les hace muy difícil o casi imposible tomar decisiones que sean mínimamente impopulares para los docentes que dirigen, lo que también les ha llevado a cuestionar en alguna ocasión las funciones de los claustros de profesores. Estos, por ejemplo, pueden vetar una iniciativa para entrevistarse con los padres de los alumnos un mínimo de veces al trimestre.

“Se trata de un complicado juego de equilibros. Hay que intentar que las cosas funcionen rápido y bien, pero sin que los centros se conviertan en reinos de la arbitrariedad, sea de la administración, de los directores, del claustro docente o de los padres”, señala Martínez.

Así, otra de las claves de este debate es quién elige al director. Pues si depende sobre todo del consejo escolar, los contras son los señalados más arriba; pero si queda solo al arbitrio de la administración, muchos temen que será el final de la autonomía de los centros, con directores completamente sumisos a las decisiones (buenas, malas o regulares) de las consejerías que les nombran. En el proyecto del ministerio solo se habla de que se valorará la experiencia para convertirse en director y de que podrán optar al puesto profesores de fuera del centro.

Autonomía: ¿para quién?

Casi todos los sectores educativos abrazan el concepto de autonomía en abstracto, pero con los detalles llegan los problemas. Los padres de Ceapa o el sindicato UGT rechazan la autonomía curricular (el proyecto del Gobierno habla de especialización curricular, funcional o por tipología de los alumnos) porque creen que “puede convertirse en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa, dando lugar a la selección de alumnos por el currículo”.

Más eso es precisamente lo que defiende el catedrático de Economía de la Carlos III de Madrid Antonio Cabrales, —“sería bueno que la posibilidad de elección viniera ligada al rendimiento escolar”—, pero teniendo cuidado de que los alumnos puedan efectivamente elegir: “No sería de recibo que solamente pueda escoger un instituto que decida especializarse en humanidades si quiero ser ingeniero. De manera que una mayor posibilidad de elección, por lo menos en secundaria, es importante para la autonomía curricular”, escribía Cabrales hace semanas en el blog de Fedea Nada es gratis.

El presidente de la asociación estatal de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez, también hace advertencias contra la autonomía superficial, solo de nombre, la que en realidad ejerce la administración y no los centros. Martínez recuerda que en Madrid, por ejemplo, los colegios e institutos solicitan convertirse en centros bilingües y el Gobierno autónomo lo concede o no sin hacer públicos los criterios y deliberaciones que le han conducido a esa decisión.

La propuesta del ministerio menciona entre las posibilidades de especialización esos centros bilingües, la formación del profesorado, recursos tecnológicos, mejora del rendimiento, etcétera. También hablan de planificación por objetivos; autonomía para la gestión de personal y económica de los centros; y rendición de cuentas.

Publicado en EL PAÍS 

31 agosto: Asamblea Regional del profesorado de Madrid. Acude y participa.

Tengo una pregunta para usted.

Foto Ana Meniz

La enseñanza de Wert: regresión y negocio.

Aún no habían comenzado a arder las calles de París, cuando en 1968 Villar Palasí fue nombrado Ministro de Educación en España. Con él se aprobaría la famosa Ley General de Educación de 1970 que pretendía dotar a la población con graves carencias educativas de los niveles profesionales y formativos adecuados para empujar el desarrollismo económico de los 60, hasta los niveles de los países industrializados. Revisar hoy día esa ley, más de cuarenta años después, produce un vértigo semejante al de montarse en una vieja noria de feria. ¿Cómo explicar que una ley de educación promulgada por un régimen dictatorial y hace más de tres décadas parezca avanzada en muchos de sus artículos, en comparación con las nuevas directrices dadas por el ministro Wert? ¿Acaso se pretende un retorno a los niveles educativos españoles anteriores a los años 70? ¿O es que esa coherencia que siempre buscan las leyes educativas entre necesidades productivas de un país y formación de sus ciudadanos, ya ha dictado que sólo será necesaria una elite en los estadios superiores y una inmensa mayoría excluida de facto de la educación de calidad?

No hablamos de vagos principios pedagógicos, sino de realidades tan palpables como las ratios de alumnos, cuyos límites se aumentarán de 27 a 30 en Primaria, de 33 a 36 en Secundaria y hasta 43 en Bachillerato, quebrando totalmente una de las pocas certezas pedagógicas a las que se había llegado en estos años: la disminución del número de alumnos por profesor mejora los resultados académicos. Con este espíritu, la LOGSE de1990 disminuyó las ratios en Secundaria de 40 a 25 alumnos por clase y la nueva ley nos acercará a niveles de hace más de 20 años. Los argumentos para rebatir el despropósito de concentrar a más de 30 y hasta cuarenta adolescentes por aula, abarcan desde la constatación en la mejora de los resultados en los centros que han aplicado programas de refuerzo educativo, hasta la propia experiencia de cualquier alumno actual de ESO al que se le pregunte si se imagina en una clase con ese número de compañeros. Algunas personas bastante alejadas de la realidad de las aulas (incluyendo las propias autoridades educativas) se han apresurado a contestar que el informe PISA no estima relevante el número de alumnos por aula. Habría que matizar que eso será dependiendo del contexto económico y social de los alumnos ¿o a alguien se le ocurre que nuestras aulas actuales tienen algo que ver con las de los años 70 y 80? unas aulas tan complejas y diversas como las de hoy y apenas comparables con las de los padres de esta generación. Aulas de la enseñanza pública que incluyen junto a alumnos brillantes, a otros con dificultades, con situaciones familiares muy heterogéneas y a veces problemáticas, con distintos tipos de discapacidades, de origen inmigrante, “objetores escolares” encadenados a los pupitres por la obligatoriedad de los 16 años, que en ocasiones degeneran en casos de auténtico terrorismo escolar… evidentemente ese no era el cuadro de unos antiguos institutos de bachillerato más selectivos.

El desmonte de las bases educativas de nuestra sociedad abarca a todas y cada una de sus etapas, socavando principios que creíamos inamovibles: se habla de acabar con la gratuidad de la educación no obligatoria (infantil y bachillerato), que una vez más hay que recordar ¡ya era gratuita desde hace más de cuarenta años! y de las nuevas tasas universitarias que harán inviable la promoción social de amplios sectores de nuestra sociedad. Tal vez en este caso el modelo a seguir sea la reforma universitaria británica que en diciembre de 2010 impuso unas tasas que superan en algunas carreras los 10.000 euros anuales, vetando así su acceso a amplios sectores de la población, incluyendo las clases medias. Por no hablar de los recortes en becas y de los planes para reducir hasta en un 70% los colegios rurales agrupados (CRA) que, por poner un ejemplo, en una provincia como Guadalajara afectaría a 1.200 alumnos. Siguiendo con el retorno al pasado, los indicios sobre la reforma de los equipos directivos de los Centros educativos, hablan de designaciones unilaterales por parte de la administración, con lo que cabe suponer de necesaria sintonía con sus directrices, eliminando los vestigios de participación de los sectores de la comunidad educativa (Consejo Escolar, Claustro) en su designación.

La coartada para estas drásticas medidas son el déficit y la necesidad de recortar en un contexto de crisis, pero hay que recordar que la mayoría de Centros educativos están funcionando sin haber recibido las partidas presupuestarias del curso pasado y con la promesa de recibir el 20% del presupuesto previsto, dando lugar a situaciones de autentica mendicidad administrativa para hacer frente a las necesidades básicas (luz, agua, limpieza, etc.). La realidad es que España antes de los recortes apenas invertía menos de un 5% del PIB en educación, frente a otras partidas presupuestarias, y muy por debajo de los países europeos con los que nos gusta compararnos cuando se habla de resultados educativos. El ejemplo de Finlandia, uno de los países mejor situados en el informe PISA, es muy significativo, no sólo por su nivel de inversión, que supera en 6% del PIB, sino por su concepción de la enseñanza pública como elemento básico de desarrollo: el 95% de la educación primaria y secundaria es pública. La propia Comisión Europea a través de su Comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, hizo pública recientemente su intención de incrementar en un 70% su presupuesto en un programa educativo como el Erasmus, porque a pesar de la crisis entienden que es necesario, es una inversión en futuro y sólo el conocimiento, la innovación y la educación, darán a Europa oportunidades reales de desarrollo económico.

Recortar en educación, en este contexto actual de crisis, es una medida tan ilógica como sería rebajar del presupuesto familiar la partida correspondiente a las medicinas del único miembro enfermo que trabaja. Estaríamos hipotecando a cambio de un ahorro mínimo las posibilidades de desarrollo futuro, y el empobrecimiento del mañana será aún más grave que el de hoy. No se improvisan los licenciados y profesionales cualificados, con conocimientos de idiomas, capaces de innovar, de crear un tejido sólido de I+D, de generar patentes, tecnología punta, de destacar en trabajos que serán la clave en unos años y que hoy ni siquiera existen. Los tejidos económicos sólidos en un país no nacen por generación espontánea, sino que son el fruto de años de formación, y no hay formación sin inversión ¿Dónde han quedado los proyectos de escuela 2.0?¿de adaptación de las escuelas e institutos a las realidades actuales?¿ y las posibilidades de dar respuesta a los mejores alumnos en Centros que ofrezcan el mismo nivel de calidad para todos? Parece que no en la escuela pública, que aprovechando el contexto actual, se quiere mantener encorsetada en moldes pedagógicos trazados con tiza y cartabón, mientras otras experiencias educativas de carácter privado se venden como la panacea del siglo XXI.

Resulta insultante que el ministro de Educación sostenga que con semejantes medidas no se verá afectada la calidad de la enseñanza .Este tijeretazo, del que se suponen saldrán los 3.000 millones de euros con los que la educación pública pagará una ínfima parte de la deuda de bancos y cajas nacionalizada bajo cuerda, adquiere el carácter de un “impuesto revolucionario” a nombre de niños que el próximo curso carecerán de comedor escolar, que se quedarán sin el programa de apoyo en Matemáticas o Lengua que les podía ayudar a superar sus dificultades, que tendrán que hacer dos horas diarias por carreteras de tercera para acceder a la escuela desde sus pueblos, de adolescentes que gracias a programas tempranos de formación eran salvados de auténticas situaciones de exclusión social, del alumno más lento que podía estar en una clase de 20 alumnos y recibir más atención, del joven que sin nadie que trabaje en su casa no va a poder afrontar la subida de las tasas universitarias. Póngales ustedes los nombres, yo los tengo entre mis alumnos. Probablemente esos Centros públicos de un futuro no muy lejano, deteriorados por la falta de recursos económicos y humanos queden convertidos en guetos para los que no puedan acceder a una enseñanza privada y la universidad pública se vea obligada a competir en desigualdad condiciones frente a la privada a medida que aumenten sus tasas, vinculando cada vez más conocimiento e investigación a intereses únicamente privados y de mercado.

Que la instrucción es la base de toda prosperidad social, parece un principio universal, válido desde mucho antes que los ilustrados se empeñaran en formularlo hace más de 200 años. Que esa instrucción haya de ser pública, abierta y gratuita para formar a todas las clases sociales del mejor modo posible, debería ser también obvio. Sin embargo, hay que insistir en ello y hay que recordarlo: el primer peldaño del desarrollo económico y social de cualquier sociedad es la enseñanza pública, que entendida como una de las obligaciones primarias del Estado, garantice la movilidad social, lime las situaciones de falta de oportunidades y ponga los cimientos de una educación superior y profesional de calidad. Jovellanos ya lo dijo hace más de doscientos años en su Memoria sobre Educación Pública. Se lo recomiendo como libro de cabecera al ministro Wert.

Esther Calzada del Amo 

Profesora de Enseñanza Secundaria

Publicado en Nueva Tribuna.es

El "sindicato" ANPE, su relación con el PP y los recortes en Educación.

Ana María Aguilo, profesora, ex-presidenta de ANPE actualmente diputada del Parlament de les Illes Balears por el PP (según consta es su perfil de la red social Twitter) no entiende, según sus propias declaraciones en esta red social, que sus "compañeros" profesores y demás funcionarios protestemos tras tres bajadas de sueldo consecutivas, el incremento del horario lectivo, el despido y la precarización del profesorado interino, el aumento de la ratio, el aumento de tasas, la subida de impuestos y la progresiva privatización y consecuente deterioro del sector público. ¿ANPE es el sindicato que va a defender a los profesores y maestros de los recortes del PP?

El profesorado de la enseñanza pública disminuye por vez primera en 20 años. La marea verde lleva un año denunciándolo.

La educación pública tuvo 2.870 docentes menos en las enseñanzas generales no universitarias durante el curso pasado (-0,6 %), el primer descenso después de 20 años de subidas consecutivas en el conjunto de España, aunque con diferencias entre comunidades autónomas.

 Así, el profesorado disminuyó en nueve autonomías en 2011-2012, especialmente en Madrid, con 1.279 docentes menos (-2,53 %), Galicia, con 1.137 menos (-3,82 %) y Castilla-La Mancha, con 803 menos (-2,6 %), según se deduce de la última actualización estadística provisional publicada por el Ministerio de Educación. Por el contrario, subió en el resto, sobre todo en Cantabria, con 412 más (6,37 %) y Asturias, con 374 más (3,57 %).

El curso pasado, el alumnado de los centros educativos de titularidad pública aumentó en 116.272 (2,2 %). En total, fueron 5.395.100 estudiantes matriculados entre escuelas infantiles, colegios e institutos, a los que enseñaban 493.930 docentes. Con ello, el número medio de alumnos por profesor de la educación pública se elevó a 10,9 (superior al 10,8 del curso 2005-2006) en las enseñanzas generales no universitarias (desde infantil hasta FP superior).

 Un curso antes (2010-2011), el profesorado había aumentado en 5.471 docentes (1,1 por ciento) y el alumnado en 136.389 escolarizados (2,65 %). Las dotaciones autonómicas de profesorado de la enseñanza pública estuvieron condicionadas en 2011 por la limitación estatal de la reposición de las bajas por jubilación al 30 por ciento de las vacantes (algunas comunidades ni siquiera convocaron oposiciones) y por el aumento de horas lectivas de los funcionarios docentes en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Navarra.

 En total, 7.914.154 muchachos estuvieron inscritos en las etapas educativas no universitarias en el curso 2011-2012, entre centros públicos y privados, con un aumento de 131.972 (1,7 por ciento), atendidos por 682.643 enseñantes, 866 menos que un curso antes (-0,1 %). De esta forma continuó el crecimiento de alumnos iniciado hace unos años, aunque ya sin el efecto de la incorporación del alumnado extranjero, que se mantiene relativamente estable en su conjunto desde hace dos años (781.446 estudiantes en 2011-2012).

  La enseñanza privada -casi toda concertada- escolarizó 2.519.054 alumnos (2,2 por ciento más), con 188.713 profesores, es decir, 2.004 más que un año antes (1,1 por ciento).

Este incremento de docentes puede deberse fundamentalmente al aumento de centros de educación infantil de primer ciclo, según la nota explicativa que acompaña a las estadísticas, que se basan en los datos aportados por las comunidades.

 Publicado en PÚBLICO

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