La huelga convocada por los sindicatos mayoritarios el día 22 de mayo será, sin lugar a dudas, un paro histórico. Su excepcionalidad consiste en ser la primera vez que, en democracia, el sector educativo público en todas sus etapas (desde la escuela infantil hasta la universidad) y en la mayoría de las comunidades autónomas se unirá para vaciar las aulas y protestar contra los recortes aprobados por el Ministerio de Educación. Por fin se responde de manera coordinada y conjunta contra un ataque crítico que afecta a todos los niveles educativos y supone un notable avance en el paulatino desmantelamiento que la enseñanza pública sufre en los últimos años en nuestro país. Lo que sorprende de esta movilización es su poca proporcionalidad. Es decir, una agresión a la educación pública española como la que supone el Real Decreto Ley 14/2012 de Medidas Urgentes para la Racionalización del Gasto Educativo, aprobado en el Congreso el pasado 17 de mayo, merece una respuesta que se corresponda con la gravedad de las medidas impuestas. Ante el aumento de las ratios en las clases, frente al despido de decenas de miles de profesores interinos, ante la carestía de las tasas universitarias, etc., sólo se puede contestar con formas de protesta más osadas y comprometidas, como, por ejemplo, una huelga sectorial indefinida.
En la Comunidad de Madrid, durante el presente curso escolar 2011/2012, los docentes han sido convocados a cerca de una decena de paros en días no consecutivos. Han sido tantas las huelgas que es difícil recordar su número exacto. Lo que no cuesta recordar es el resultado de todo este esfuerzo. En el condado de Esperanza Aguirre, los sindicatos subvencionados, con UGT y CC OO a la cabeza, han tutelado la mayoría de las protestas desarrolladas este año contra los recortes en educación, y que dieron lugar a la llamada “Marea Verde”. Desde el comienzo de las movilizaciones, impusieron un calendario de reivindicaciones que hasta los más comedidos consideraron “tibio”.
En contra de la postura de un gran número de profesores que exigía huelgas durante tres días a la semana o paros indefinidos, la mesa sindical optó, en un principio, por huelgas en días sueltos, para acabar proponiendo paros de dos horas después de los recreos. Hay que recordar que las primeras huelgas fueron secundadas por cerca de un 75% del profesorado, que las manifestaciones en defensa de la educación pública nunca fueron tan concurridas y que todas las acciones emprendidas por los docentes contaron con el apoyo de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de las asociaciones de alumnos. En consecuencia, los trabajadores de la enseñanza estaban unidos y la opinión pública refrendaba sus protestas. Aun así, con todas las condiciones a favor para plantear movilizaciones contundentes, la mesa sindical (cada cual que sospeche por qué razones) dejó pasar esta oportunidad única y permitió que la marea verde se diluyera y perdiera fuerza.
Por supuesto, no toda la culpa del fracaso de las movilizaciones a favor de la enseñanza pública en Madrid la tuvieron los sindicatos que integraban la mesa de negociación. El gremio docente no supo o no quiso emanciparse de unos representantes sindicales más pendientes de negociar prebendas y preservar la “paz social” que de plantar cara decididamente al gobierno de Esperanza Aguirre. No olvidemos que estos sindicatos también defienden los intereses laborales de la educación privada y privada concertada.
UNA AGRESIÓN COMO LA DEL RD 14/2012 MERECE UNA RESPUESTA QUE SE CORRESPONDA CON LA GRAVEDAD DE LAS MEDIDAS
Como en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y otras más, también han disfrutado de un año lectivo repleto de manifestaciones y huelgas infructuosas. El próximo 22 de mayo, los mismos sindicatos vuelven a convocar un paro sectorial, en todos los niveles, en toda España, colofón con el que se quiere dar por acabado un curso convulso, de calderas frías y aulas masificadas. Pero si los sindicatos plantean esta huelga como la culminación de un año de movilizaciones, la comunidad educativa debe tomarla como el inicio de un nuevo curso de protestas, un curso donde los docentes den por superada su relación con los agentes sociales más contemporizadores y posibilistas, y tomen las riendas de las protestas.
Sabemos que los sindicatos mayoritarios no son partidarios de formas de presión audaces y comprometedoras como la huelga. Si por ellos fuera continuarían el festival reivindicativo de encierros en centros, lanzando globos verdes al cielo, realizando merendolas colectivas, registros masivos en los juzgados, etc., gestos, en definitiva, simbólicos, disuasorios, para mantener distraídos a quienes denuncian que no se conseguirá nada sin una movilización efectiva y radical.
Por ello, desde Soy Pública consideramos que el ataque a la educación pública estatal que consuma el Real Decreto-Ley 14/2012 merece una respuesta proporcional por parte de la comunidad educativa. Si el septiembre pasado en Madrid el profesorado proclamaba “el curso no comienza”, ahora debería decir “el curso no termina”. El próximo curso, publicadas las instrucciones en verano y ejecutada la destrucción de la educación pública, será demasiado tarde. ¡Huelga sectorial indefinida estatal ya!
Publicado en Diagonal
No hay comentarios:
Publicar un comentario