El gobierno de Rajoy acaba de aprobar una batería de medidas en Sanidad y Enseñanza para recortar 10.000 millones de euros. Todo ello más allá de los restrictivos Presupuestos Generales del Estado que reducen globalmente el gasto en un 17%. Las relativas a la sanidad son el copago farmacéutico que llega hasta los pensionistas, la supresión de determinadas prestaciones sanitarias y la negación de asistencia a los inmigrantes que no paguen impuestos.
Las que afectan a la educación están recogidas en un decreto ley con una serie de medidas para ahorrar 3.000 millones de euros. Para ello, se aumenta el alumnado por clase un 20% en Primaria y Secundaria Obligatoria, que con la excepcionalidad del artículo 87.2 de la LOE podría llegar a los 33 alumnos por clase en Primaria y a los 40 en la ESO; se incrementa la jornada lectiva semanal mínima a 25 horas en primaria y 20 en secundaria; no se sustituirán las bajas inferiores a dos semanas, aunque estén previstas; se retrasa la puesta en marcha de ciclos de formación profesional; y se suprime la obligatoriedad de ofertar en los centros de secundaria las dos modalidades de bachillerato más clásicas: ciencias y letras. Los que han diseñado estas medidas no saben (o no quieren saber) cómo es el alumnado hoy en día y las dificultades para atender a su diversidad con 36 o 40 alumnos por clase; que el trabajo de un profesor es mucho más que la jornada lectiva; o las dificultades que generan para la buena atención a los alumnos las ausencias por bajas médicas en la organización de unos centros con plantillas escasas.
Las medidas sobre la universidad suponen una brutal subida de las tasas universitarias, que va desde el 15-25% para los nuevos estudiantes hasta el 90-100% para los más repetidores, lo que traducido a euros puede suponer una subida desde 540 a unos 6.000 euros suplementarios. También se reduce la oferta de titulaciones, se aumenta la jornada del profesorado y se congela la oferta pública de empleo. Y se hace pocas semanas después de que se hayan recortado un 11% las becas, lo que expulsará de la universidad a muchos buenos alumnos provenientes de familias humildes. Los recortes harán imposible la metodología de Bolonia en unas aulas masificadas, mercantilizará cada vez más la universidad pública y dificultará el acceso a la universidad de las capas populares.
Si invertir en educación es invertir en futuro, desinvertir es hipotecarlo. Tanto a nivel general como específicamente a las generaciones de jóvenes que aspiraban a dedicarse a la enseñanza y a los que se les hurta la posibilidad práctica de entrar en el sistema. La aplicación de algunas de estas medidas, como el aumento de horas lectivas en la comunidad de Madrid, supuso el despido (o la no contratación como prefiere llamarlo el PP) de varios miles de profesores interinos absolutamente competentes y necesarios para asegurar el buen funcionamiento del sistema público. Y consecuencia de lo anterior, la supresión de desdobles en las asignaturas instrumentales (Lengua Matemáticas) o en Inglés, la atención a bibliotecas, extraescolares, guardias, atención a la diversidad del alumnado, etc. Es decir, un ataque a la calidad, sólo mantenida a duras penas por el compromiso con la escuela pública y el esfuerzo extra de una parte importante del profesorado.
El objetivo de reducir en 3000 millones de euros la inversión educativa se piensa obtener fundamentalmente reduciendo el empleo, con el despido-no contratación de decenas de miles de profesores interinos (los sindicatos estiman de orden de 75 a 100.000 personas, en base a la experiencia de lo que supuso el recorte de 80 millones de euros en Madrid). El propio ministro Wert lo reconoce cuando asegura que no es para tanto, que si fueran 100.000 profesores, ahorrarían 4.000 millones en vez de 3.000. Es tremenda la consecuencia en destrucción de puestos de trabajo, en un país asfixiado por un desempleo que se encamina hacia los 6 millones de personas con la recesión provocada por la política neoliberal de recortes. Además, deteriorará gravemente la calidad de la educación pública, las condiciones de trabajo del profesorado y aumenta el malestar docente. No son tijeras, son hachazos, y la poda se puede cargar el árbol.
Es de un cinismo insultante que el ministro afirme que los recortes no afectarán a la calidad de la educación. Toda la comunidad científica internacional que entiende de la materia opina que la calidad depende del esfuerzo inversor, de la ratio de alumnos/aula y del reconocimiento social y salarial del profesorado. Aquí se va a hacer exactamente lo contrario de lo que es necesario para mantener y mejorar la calidad educativa.
Y no parece que acaben aquí las malas intenciones del ministro. Afirma que los recortes son una cosa y la reforma educativa que quiere hacer otra. Necesita primero deteriorar gravemente la educación pública con la excusa de la crisis, para después desregularla y privatizarla. No es nada nuevo, es lo que hizo Bush en Nueva Orleans aprovechando el huracán Katrina para imponer lo que Noami Klein llama capitalismo del desastre y cargarse la educación pública y el potente sindicato de maestros, siguiendo los consejos del padre el neoliberalismo, Milton Friedman. De 123 escuelas públicas se pasó a 4 y se despidieron a 4.700 maestros sindicados.
El atraco a la educación pública es un golpe a la calidad y a la atención a la diversidad que exige la escuela inclusiva de todos y para todos y una hipoteca para el futuro del país. Demuestra la poca sensibilidad que tiene la derecha a la idea de lo público y de la justicia social en educación. Por ello, toda la comunidad educativa y la ciudadanía en general, no sólo el profesorado, se debe movilizar para evitar que el PP nos conduzca a una escuela pública para pobres como existía en el franquismo. La Marea Verde debe de ser estatal.
Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.
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