el mayor de los rechazos y la realización de actuaciones legales que la frenen y eviten que sean los centros educativos los que seleccionen al alumnado en lugar de las familais quienes elijan el centro educativo.
COMUNICADO
Las relaciones sociales en las edades tempranas son elementos educativos básicos para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas, y un sistema de elección de centro que elimine o limite –como en este caso– la zonificación, no puede garantizar el criterio de integración y cohesión social, pues potenciará que el alumnado salga de su entorno.
La Administración educativa debe arbitrar medidas tendentes a la escolarización universal con aplicación de baremos objetivos que hagan compatible la libre elección de centros con la planificación de la escolarización; la escolarización equilibrada en todos los centros sostenidos con fondos públicos; la efectividad del principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria; y la obligación de todos los centros de escolarizar al alumnado sin ningún tipo de traba por razones subjetivas establecidas para realizar la selección del alumnado. Es decir, la Administración educativa debe garantizar que se cumplen los mandatos constitucionales en relación al derecho a la educación expresado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna.
La escolarización del alumnado en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos debe tener como objetivo fundamental conseguir los principios de equidad, igualdad, integración y cohesión, garantizando la transparencia del proceso. La nueva normativa de escolarización camina en sentido contrario y merece nuestra más absoluta desaprobación y el más contundente de los rechazos, ya que sólo busca implementar la ideología del partido en el gobierno, no resolver un problema existente sino simplemente aplicar sus dogmas de forma rígida. Se trata de una norma que subordina el derecho a la educación consagrado en la Constitución a un principio denominado “libertad de elección de centro educativo”.
Además, desoye las recomendaciones de los informes internacionales, incluso del último conocido que ha publicado la OCDE, que no es un organismo sospechoso de trabajar contra la ideología conservadora y capitalista de la cual bebe, informes que alertan de los peligros de llevar la elección de centro hasta extremos de desregulación –como ocurre con la normativa que se aprueba– que traerá consigo serios riesgos de segregación del alumnado y de ruptura de la cohesión social y, con ello, de la igualdad de oportunidades.
La eliminación de las zonas de escolarización y el cambio en los baremos a aplicar en dichos procesos, no sólo supone una dejación de funciones intolerable por parte de la Administración educativa, sino que puede estar vulnerando los mandatos legales existentes, motivo por el cual diversas organizaciones, algunas de ellas integradas en esta Plataforma Regional, llevarán esta normativa ante los Tribunales de Justicia, aún sabiendo que el proceso es lento y que, incluso obteniendo sentencias favorables, la Consejería de Educación y Empleo tenderá a obviarlas, algo a lo que desgraciadamente nos tiene muy acostumbrados. Sin embargo, no por ello debemos permanecer impasibles y dar por bueno algo que no lo es, la respuesta legal es imprescindible.
Bajo dos o tres mensajes mediáticos que llaman la atención a quien desconoce lo que está realmente detrás de la nueva norma, los responsables políticos de nuestra Comunidad cambian el derecho de elección de las familias por el derecho de selección de éstas por parte de los centros educativos, dando satisfacción así a una vieja reivindicación de las patronales de la enseñanza privada. La inmensa mayor parte de las familias no alcanzan a ver las consecuencias de estos cambios, pero la Plataforma Regional, y las organizaciones que la integran, tienen la obligación social de trasladarles la realidad de lo que supone la nueva normativa para que, al utilizarla, sepan exactamente lo que la misma contiene e intenta promover.
Además, bajo la zona única de escolarización, la Administración puede encontrar excusas para no proceder a la creación o rehabilitación de centros públicos, dado que las familias tienen todo el municipio, incluso, toda la Comunidad Autónoma para elegir centro y la necesidad de plazas escolares no se hará por barrio o distrito, si no que se ampliarán las zonas para calcular el total de plazas disponibles.
Asimismo, es importante que las familias sean conscientes de que esta normativa puede suponer el alejamiento de los alumnos del centro que, por cercanía, les pudiera corresponder y ello llevará, en muchos casos, la necesidad de hacer uso de transporte y comedor escolar, que correrá a cargo de las familias, ya que la Administración no va a adjudicar becas por estos conceptos a quienes tengan centros más cercanos que no obliguen a la utilización de dichos servicios, puesto que argumentará que es la consecuencia de la elección realizada por las familias y, por tano, un coste que a ellas les corresponde asumir.
Esta norma supone que la Administración deja en las familias la responsabilidad de encontrar un “buen centro educativo”, por lo que serán las únicas responsables de lo que ocurra con el proceso educativo de sus hijos e hijas, en lugar de responsabilizarse de lo que debería ocurrir, que todos los centros educativos tengan la mejor educación posible y que la igualdad de oportunidades no sea sólo fruto de la casualidad o del acierto, sino que esté garantizada en todos y cada uno de los centros
Madrid, 20 de marzo de 2012 www.escuelapublica.org
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