¿Por qué STOP LEY WERT?

... estudiante pobre

El Ministerio de Educación proyecta dar un vuelco radical al sistema de concesión de ayudas al estudio. La cantidad a la que tienen derecho los becarios se reducirá sustancialmente para prácticamente todos los alumnos (entre 500 y 2.000 euros), aunque se completará con una cuantía de dinero “variable” que dependerá del nivel de renta, del rendimiento académico del estudiante y del presupuesto que el Gobierno decida destinar a la convocatoria. Esto es, se distribuirá entre los beneficiarios esa primera cantidad fija reducida (un máximo de 1.500 euros para los alumnos con menos recursos), y el resto del presupuesto se repartirá entre todos ellos aplicando una fórmula que tiene en cuenta la nota media del alumno, del resto de becados, y de la capacidad económica. El mínimo de ese monto variable será de 60 euros, pero cuando el alumno solicite una beca no sabrá cuánto dinero va a recibir finalmente.

El ministerio asegura que el nuevo modelo incentivará la mejora del rendimiento académico y que los que saldrán mejor parados serán los alumnos con menos renta y mejores notas, sin embargo, estudiantes, sindicatos y otros expertos lo rechazan por la incertidumbre que creará en los aspirantes a beca y porque reduce el derecho básico introduciendo además un modelo competitivo a merced de los presupuestos. En definitiva, porque lo ven como otro golpe a la política de igualdad de oportunidades, tras el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder a una ayuda —que ha dejado fuera a miles de beneficiarios— y al encarecimiento de los precios de las matrículas que se ha producido este curso y que seguramente continúe el próximo.

Fuentes del departamento de Educación añadieron ayer que se trata de que los estudiantes respondan con mejores resultados al esfuerzo que hace la sociedad para pagar estas ayudas. Además, defienden que ahora habrá un reparto más gradual, de tal manera que no haya saltos excesivos entre quienes están muy cerca, pero en un lado u otro del umbral máximo de renta que da derecho a un dinero o a otro.

Pero lo cierto es que este nuevo sistema soluciona al Gobierno cualquier problema presupuestario que puediera acarrear en estos tiempos de crisis el modelo actual. Con él se establecen unas cantidades fijas que se consideran razonables para cumplir su objetivo (poder estudiar en otra comunidad, compensar que los hijos de familias pobres estudien en vez de trabajar). Ahora, ese dinero es un derecho del estudiante que se tiene que cubrir, aunque haya que ampliar para ello el presupuesto reservado. Con el nuevo sistema, sin embargo, se asegura que siempre habrá dinero suficiente, al bajar sustancialmente la cantidad que se recibe por derecho (por cumplir unos requisitos de renta y unos académicos) y hacer depender la parte variable del dinero que quede. “Se reduce drásticamente el derecho de los alumnos”, dice Montse Milán, de CC OO.

El borrador de decreto reduce los tipos de ayudas a tres: las que hasta ahora eran becas salario o compensatorias, para alumnos con menos recursos (que son este curso de entre 2.040 y 3.500 euros); las de residencia (para estudiar fuera de tu comunidad autónoma, este año, de entre 2.556 euros y 6.995) y una categoría de nueva denominación que se llama beca básica. Esta, en la etapa universitaria exime de pagar la matrícula. En el bachillerato y la FP, como no se suele tener que pagar matrícula (aunque varias comunidades como Madrid y Cataluña ya cobran la FP de grado superior en la pública), sustituye a la “beca de escolaridad”, que actualmente asciende hasta 581 euros y ahora queda en 200.

La cantidad a la que tienen derecho se reducirá entre 500 y 2.000 euros

Así en la parte variable se subsumen un buen número de las actuales ayudas, por ejemplo, las de material escolar, de transporte si se vive lejos del centro educativo o el suplemento por estudiar en grandes ciudades (donde el coste de la vida es mayor). Los únicos becarios que saldrán ganando con la nueva cantidad fija son los de los programas de cualificación profesional inicial (la futura FP Básica), que este curso cobran 1.363 euros y pasarán a esos 1.500 euros generales tanto en las enseñanzas universitarias como no universitarias, más el mínimo de 60 euros de parte variable.

Además, el decreto retoca los umbrales de renta familiar que no se puede sobrepasar para acceder a una beca: las rentas máximas y las mínimas se mantienen, pero se eliminan los dos tramos intermedios, que ya no son necesarios, explica el ministerio, al reunir los tipos de ayudas en unos pocos y repartir el dinero más escalonadamente. Así, para conseguir las ayudas más cuantiosas, las familias de tres miembros tienen que vivir con menos de 11.143 euros anuales. Para no tener que pagar la matrícula universitaria, el máximo que puede ganar al año un hogar de tres miembros es 38.000.

El ministerio admite que no sabe cuánto cobrarán de media los nuevos alumnos, ni el máximo que cobrarán ni el porcentaje de alumnos que solo obtendrá el nuevo y reducido mínimo, pues dependerá del número total de becarios y del presupuesto que quede una vez repartida la parte fija (más la exención de tasas). Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que en principio se mantendrán los 1.300 millones de euros que actualmente se destinan a las becas generales. El ministerio añadió que no cree que los máximos que finalmente cobren los alumnos (al menos, algunos) sean mayores que las cantidades fijadas actualmente.

“Para llegar a los actuales 3.500 euros de beca salario, tendría que quedar la mitad del presupuesto para repartir en esa parte variable”, opina Juan José Moreno, que fue director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación durante el Gobierno socialista. Además, le parece “una barbaridad” reducir el derecho de los estudiantes y convertir el resto en una competición a merced de una fórmula complicada y, sobre todo, de la disponibilidad presupuestaria.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el número de becarios ha descendido tras el endurecimiento de los requisitos académicos que se inició el año pasado y se profundizará este. Solo en Andalucía, se han perdido 11.846 becas de FP y Bachillerato respecto al curso pasado. En la Universidad de Sevilla (el segundo campus presencial más grande de España) ha aumentado un 20% el número de solicitudes denegadas. Así, con menos becarios a repartir el mismo dinero, es posible que muchos puedan cobrar más.

En todo caso, el número de beneficiarios será, sin duda, menor, de lo que se quejan muchas organizaciones sociales y los estudiantes. El curso que viene,

El modelo puede aliviar al Gobierno en épocas de asfixia presupuestaria en las etapas no universitarias, los alumnos repetidores no podrán acceder a beca. Y deben llegar al bachillerato con un 6 de nota media de la ESO. Los que pasen a la Universidad deberán hacerlo con 6,5 de media en las pruebas de acceso.

Una vez en la carrera, para mantener la ayuda, deberán aprobar todas las asignaturas matriculadas (menos los estudiantes de ingenierías y Arquitectura, que es el 85%). Sin embargo, la norma permite acceder a la ayuda también a los que aprueben, al menos, entre el 80% y el 90% de las materias y tengan una nota media en ellas de 6,5 (en las ingenierías será el 65% de las asignaturas y una media de 6). Para tener ayuda en los estudios de máster, la calificación en la carrera debe ser al menos de 6,5 para posgrados que dan acceso a profesiones reguladas (por ejemplo, el que es obligatorio para convertirse en profesor de secundaria) y de 7 para el resto.

Cuando se introdujeron estas medidas muchos colectivos las criticaron por considerar que eran socialmente injustas, pues creen que se debe separar las ayudas que pretenden conseguir la igualdad de oportunidades (que ningún alumno se quede sin estudiar por falta de medios) y las que pretenden fomentar la excelencia. Y en eso mismo insisten ahora los alumnos, el sindicato CC OO y la consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno (PSOE). “Creo que se trata de otra pérdida efectiva en la igualdad de oportunidades; este año ya ha sido una escabechina”, se queja Moreno y añade: “En estos momentos de crisis no se pueden hacer experimentos con la educación y mucho menos con un sistema que ha funcionado y que está completamente asentado como es el de becas"; “se obliga a sacar mejor nota a los que menos tienen”.

Los únicos becarios que saldrán ganando son los de la futura FP básica

Precisamente eso es lo que le preocupa a Aratx Catro, portavoz de Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas Españolas (CREUP). Se refiere a esos jóvenes que muchas veces no pueden dedicarse a los estudios porque se ven obligados a trabajar, incluso, recibiendo las cuantías actuales de becas. La mayor reducción de la bajada que se ha dado este año en Andalucía es en la parte de las becas salario.

De hecho, desde CC OO rechazan lo que consideran otra maniobra más para reducir las becas. “Cada vez las ayudas fomentan más lo que llaman excelencia y menos su faceta de compensación social”, señala Francisco García, responsable de Enseñanza del sindicato. No hay que olvidar que, desgraciadamente, el nivel económico condiciona los resultados, y eso es precisamente lo que tiene que compensar la educación, añade.

Castro se queja, además, que el actual ministerio no ha convocado nunca el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudia, donde están respresentados estudiantes, sindicatos, rectores y patronales. El borrador de real decreto de becas pasará las próximas semanas por el Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo de Universidades.

Publicado en EL PAÍS

Estudiante rico...

“Todos los alumnos que se examinan en la Udima (Universidad a Distancia de Madrid) aprueban, se puede comprobar en las actas […]. Muchos alumnos saben o intuyen, y algunos se lo dicen descaradamente a los profesores, que con el dinero [que pagan por la matrícula] compran el título, y que si los profesores se niegan a subirles la nota saben la forma de echarlos de la universidad […]. Los profesores que se niegan a seguir las normas del dueño, como es aprobar a los alumnos y trabajar incluso sábados y domingos llevando algunos de ellos 100 asignaturas (sí, digo bien, 100 asignaturas llevadas por un solo profesor), son expulsados […]. Hay profesores que son obligados a enseñar asignaturas de ingeniería informática y criminología, o historia antigua y deontología al mismo tiempo, sin ser expertos en la materia, para que la enseñanza salga más barata. Puede verse su firma en las actas finales”.

Estas frases son extractos de un informe elaborado por fuentes de la Ejecutiva Nacional de Universidades del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) sobre esta universidad y al que ha tenido acceso El Confidencial que también ha podido comprobar algunas de las actas de exámenes sin un solo alumno suspenso.

La Udima es una universidad privada a distancia fundada en 2006 y financiada por el Centro de Estudios Financieros. Su rector, José Andrés Sánchez Pedroche, asegura que este informe es “manifiestamente escandaloso y falso”. Sin embargo, pese a la insistencia del periodista, elude desmentir con datos la pregunta de si, realmente, todos los alumnos son sistemáticamente aprobados. “En las universidades a distancia el problema fundamental es el abandono. Para nosotros un no presentado es un suspenso. Los que llegan al examen presencial, casi un 100% son aprobados”, reconoce.

El Confidencial se ha puesto en contacto con varios profesores que, sin embargo, refrendan las acusaciones vertidas por el CSIF, sindicato con mayor representación entre las administraciones públicas. Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato ya que sigue vinculado a la universidad privada, envía un estadillo de actividad docente que refleja que en el curso 2010-2011 fue responsable de 330 aulas y de 1.918 alumnos. Su salario era de 45.000 euros brutos al año. “En la Udima estaba mal visto suspender a los alumnos y se nos recordaba constantemente la necesidad de aprobarlos para que continuaran con nosotros. En varias ocasiones se me aconsejó que aprobara a algunos alumnos que yo había suspendido. Un día el director entró en mi despacho y me dijo que me había colocado el farolillo rojo. Yo le pregunté qué significaba eso del farolillo rojo y me contestó que era un apercibimiento para contestar a los alumnos en las aulas virtuales antes de 48 horas y que reconsiderara los suspensos y los pasara a aprobados. Yo le recordé a la dirección que para dar un repaso a todas las aulas que yo llevaba y corregir todos los foros, ejercicios y evaluaciones, necesitaba de lunes a las 9.00 horas hasta el miércoles a las 21.00 horas, por lo que tardaría en contestar a los alumnos como mínimo cuatro días. Me dijeron que eso no podía ser, que yo tenía la formación y experiencia necesaria para hacerlo en 48 horas y que, si no lo hacía, tendría problemas en el futuro. Concretamente, el director me dijo que yo podía llevar este volumen de aulas y alumnos con la punta de la … (sin comentarios)”, revela a El Confidencial a través de un correo electrónico. Este profesor abandonó voluntariamente la universidad con síntomas de estrés y problemas oculares.

Del 2,5 al 7 en 15 minutos

Otra de las profesoras, que solicita idéntico derecho a la confidencialidad, relata una historia parecida: “Directamente nunca me han obligado a aprobar alumnos. He pertenecido a tribunales de trabajo de fin de grado en el que yo indicaba mi nota: suspenso... [Despues se enteraba de que] el alumno había sido calificado con un 7. Un alumno me ha confirmado que en febrero suspendió un examen que tenía muy bien preparado con un 2,5... Al solicitar la revisión, a los 15 minutos le comunicaron que su nota era de 7... No hubo revisión”.

Una tercera docente consultada sí tuvo más presión: “El dueño (Roque de las Heras) me advirtió personalmente de que, si no aprobaba a los alumnos, me echaban. Además, más del 50% de la calificación se otorga por los trabajos que se realizan en casa, no por los exámenes. O sea, que hay alumnos que compran literalmente esos trabajos a licenciados o a otros estudiantes. Y los profesores, en muchos casos, se ven obligados a dictar previamente a los alumnos el contenido de los futuros exámenes. A mí se me ha llegado a enfrentar un alumno diciéndome: ‘apruébame, que si no se lo digo al dueño’. Los alumnos tienen conciencia de que, pagando la matrícula, están también pagando el aprobado. Y los profesores suelen quedarse callados, porque tienen un buen sueldo”.

La consecución del título de periodista, según las propias fuentes de la Udima, asciende a unos 22.000 euros. En la actualidad, esta universidad tiene unos 2.500 alumnos de grado, 2.793 de máster y 147 profesores.

Publicado en EL CONFIDENCIAL

Así será la Ley Wert (Vídeo)

"Soy hija de limpiadores, ahora no habría podido pagar las tasas" Yasmina San Juan, ingeniera geóloga y premio nacional fin de carrera, es una de las estudiantes que negó el saludo a Wert.

Yasmina San Juan, de 27 años, es una de las jóvenes galardonadas que este martes retiró el saludo al ministro Wert en los Premios nacionales fin de carrera. Ingeniera geóloga por la Universidad Complutense, donde obtuvo un 8,49 de media, se encuentra ahora realizando su primer año doctoral gracias a una beca. Vestida con un traje marrón, Yasmina decidió pasar de largo cuando el titular de Educación se acercó para saludarla tras recibir el premio por sus excelentes resultados académicos. "Era la única oportunidad de estar delante del ministro y mostrarle mi rechazo a sus recortes. Soy hija de limpiadores, ahora no habría podido pagar las tasas", declaró. (Ver vídeo)

"Toda mi vida me he educado en la educación pública porque la valoro por encima de todo y creo que es un derecho fundamental. No fui capaz de hacer otra cosa delante del ministro", señala Alba Contreras, otra de las excelentes estudiantes que retiró el saludo a Wert. Con dos licenciaturas, Filología Árabe y Filología Hebrea, Alba recibió el galardón por la segundas de estas, en la que obtuvo un 9,39 de media. "Decidí expresar de esta forma mi rechazo a la LOMCE, la subida de las tasas universitarias y la forma en que el Gobierno valora la universidad únicamente bajo criterios economicistas", asevera. Ahora estudiante predoctoral, Alba asegura que lo que se vivió este martes en la entrega de los premios fue una mezcla de "rabia, desasosiego y tristeza". "Muchos de los que estaban allí ya han emigrado y el resto sabemos que tendremos que acabar haciéndolo", lamenta.

Publicado en InfoLibre

Varios galardonados en los Premios Fin de Carrera reciben la distinción vistiendo la camiseta verde Escuela Pública y niegan el saludo a Wert

Una docena de universitarios galardonados han rehusado hoy saludar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la entrega de los premios nacionales fin de carrera del curso 2009-2010 como modo de protesta contra la reforma educativa y los recortes en Educación.

Tampoco han querido saludar a la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, y se han limitado a recoger el diploma acreditativo, gesto que ha sido aplaudido por gran parte del público asistente.

Algunos de ellos iban vestidos con la camiseta verde que reivindica una educación pública de todos y para todos, como Julia Iriarte, que ha recibido una mención como licenciada en Psicología por la UNED.

Julia Iriarte escuchó su nombre, subió al escenario donde le esperaba el ministro Wert, recogió su diploma, saludó al público y se marchó sin estrecharle la mano al titular de Educación.

Wert se lo debió de oler, al verla con la camiseta de la 'marea verde' en defensa de la Educación Pública y, sobre todo, después de que ya se lo hubieran hecho antes otros estudiantes.

"No lo tenía planificado, surgió a raíz del primer chico que lo hizo casi al principio del acto", explica Julia en declaraciones a la prensa. "Despertó una ovación generalizada y nos dimos cuenta que a la mayoría le parecía bien", añade.

La joven recuerda la "cara de desagrado del ministro y de los fotógrafos", pero asegura que ni Wert ni quienes le acompañaban en el escenario le dijeron nada.

"A mí siempre me han dicho que lo cortés no quita lo valiente, pero no creo que este señor y lo que representa merezcan el mismo trato que otras personas que sí lo merecen", replica Julia, quien cree que Wert y el Gobierno de Rajoy "están faltando al respeto a los ciudadanos" con la reforma de la ley educativa.

Una LOMCE que Julia rechaza de plano. "Está relegando a la escuela pública para que cada vez tenga menos apoyo y menos recursos. La educación no tendría que estar tan politizada, tendría que ser nacional, plural, que abarque todas las ideas y ninguna", asegura. "Es una contrarreforma, está mermando las posibilidades de personas con menos recursos para acceder a una educación pública, al recortar a todos los niveles", prosigue.

A su licenciatura en Psicología, hay que añadir las diplomaturas en Relaciones Laborales y Ciencias Empresariales por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con sendos premios honoríficos por su expediente.

Sin embargo, Julia cree que el premio otorgado esta semana "llega muy tarde". "Nosotros nos titulamos en 2010, hace ya tres años. Afortunadamente yo ya tengo trabajo, no es estable pero soy consciente de que soy una privilegiada". Otros aún no han corrido la misma fortuna. "Los que siguieron por el camino de la becas de investigación se las están recortando, los que buscan trabajo se han ido al extranjero, y otros se están buscando las habichuelas con las pocas ayudas que hay", concluye.

Lucía Figar miente otra vez

Lucía Figar miente (otra vez) al afirmar que en Madrid no darán clase aquellos profesores que no hayan aprobado la oposición. Algunos profesores tendrán asegurado su puesto sin siquiera haberse presentado a ella ni por tanto haber demostrado su valía de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad que tanto alardea de promocionar la Consejera Figar.

Estas son ofertas de trabajo publicadas en Mayo de 2013 en la edición digital del diario The Guardian destinadas a licenciados en universidades del Reino Unido (ni siquiera se requiere que sean "nativos") para dar clase en colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid. 
De nuevo a estos profesores ni se les exige aprobar una oposición ni superar prueba objetiva alguna; ni siquiera han de demostrar tener unos conocimientos mínimos de castellano que les permitan comunicarse con las familias o entender y atender las necesidades de sus alumnos. 

Juzguen ustedes si estas contrataciones respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad con respecto a los profesores interinos españoles que están siendo expulsados de los centros educativos, con gran perjuicio para la calidad de la educación que en ellos se ofrece, por las políticas de recortes y los cambios arbitrarios en el sistema de baremos de las oposiciones en los que ya no se tendrá en cuenta su experiencia docente.

Requisitos que deben cumplir los aspirantes para acceder a la oferta de empleo anunciada en The Guardian:

• Título de licenciado por una universidad de habla inglesa.
• Máster en Educación.
• Cualificación profesional para profesorado en el Reino Unido (QTS).
• Certificado británico oficial de prácticas (Induction Certificate)
• Experiencia reciente en el campo de la enseñanza. 

Se da la paradoja de que para un profesor español que haya completado sus estudios en una universidad británica es posible optar a esta oferta de trabajo, no así para un profesor español que haya cursado sus estudios en una universidad española. 

¿Acaso podría un profesor español dar clase en una escuela o instituto del Reino Unido con las titulaciones expedidas en España y tener además preferencia en la contratación? La respuesta es: por supuesto que no.
A un profesor español se le exigirían la misma cualificación profesional y en las mismas condiciones que al profesorado del Reino Unido para poder dar clase en ese país.

Curiosamente la experiencia docente ya no se valora en el caso de los profesores interinos españoles, mientras para los profesores extranjeros contratados sin oposición es un requisito indispensable. 

También vemos cómo para trabajar en colegios e institutos públicos bilingües no se requiere ser hablante nativo de inglés sino tener un título expedido por una universidad de habla inglesa. ¿Para qué sirven entonces los títulos universitarios y de idiomas expedidos por las universidades españolas y las Escuelas Oficiales de Idiomas y reconocidos por el Ministerio de Educación?

A los profesores contratados en el Reino Unido no se les exige ningún tipo de conocimiento de lengua castellana mientras a los maestros y profesores españoles se les exige un certificado de inglés como mínimo de nivel B2 para poder cursar un máster en Educación.

Estas ofertas de empleo parecen transgredir todos los principios de igualdad, mérito y capacidad imaginables en nuestra legislación.

Oferta de trabajo "Music Teachers" http://jobs.guardian.co.uk/job/4618485/music-teachers/

Oferta de trabajo "Design and Technology teachers" http://jobs.guardian.co.uk/job/4616801/design-and-technology-teachers/

Oferta de trabajo "Art Teachers" http://jobs.guardian.co.uk/job/4616807/art-teachers/

Gabbitas Education http://jobs.guardian.co.uk/employer/200954/gabbitas-educational-consultants/ es la empresa intermediaria en estas ofertas de trabajo que además incluyen profesores de Educación Física.


Por último, no es un tribunal de oposición sino Gabbitas Educational Consultants "Global Experts in British Independent Education", una empresa, la encargada de la selección de personal docente.

¿Por qué una consultora privada especializada en enseñanza privada actúa como intermediaria en la contratación profesores para centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto cobra por su gestión? ¿Quién lo paga?

En defensa de la Educación Pública

Hay un discurso demagógico que se ha instaurado como verdad indiscutida: que la educación en España es de las peores del mundo, que tanto PISA como la OCDE dejan a nuestra enseñanza fatal, que la culpa es de las sucesivas reformas o de los inmigrantes, o de las autonomías, o del bilingüismo, o de los funcionarios, que son unos vagos, que falta autoridad… Sencillamente, todos estos populares tópicos no son verdad: no es eso lo que dicen los informes internacionales, que pintan un panorama bastante más optimista que esa negra caricatura que tanto ha calado en la sociedad.

No se lo van a creer, pero lo que realmente demuestran los informes de la OCDE es que somos el país del mundo donde más ha mejorado el nivel educativo de la población durante el último medio siglo, solo por detrás de Corea del Sur e Irlanda. A veces se nos olvida, pero España viene de una dictadura y de un retraso económico, social y cultural que no se arregla ni en una generación ni en dos. Después de un avance espectacular en estas últimas décadas, los alumnos españoles están hoy en la media de los países desarrollados, ni mucho mejor ni mucho peor. Es un error interpretar los datos de PISA como una clasificación deportiva. Hay tan poca distancia entre unos países y otros que el orden casi carece de importancia: es como una carrera ciclista que entra en meta agrupada y donde los alumnos españoles no van a la cola, sino en el grueso del pelotón. Como explica el sociólogo José Saturnino Martínez, «si convirtiésemos las puntuaciones de PISA en estatura, y la media de la OCDE fuese 1,80 metros, España tendría una altura de 12 milímetros menos». Es casi el margen de error. Las distancias son tan cortas que «si Castilla y León y La Rioja fueran un país, serían el cuarto europeo en PISA, solo por detrás de Finlandia, Estonia y Holanda», asegura otro especialista en educación, el sociólogo Julio Carabaña.

Por mucho que se empeñen los apocalípticos, la educación española no es un desastre, aunque tenga algunas cosas donde mejorar. El auténtico punto negro del modelo es el llamado fracaso escolar, pero no tiene nada que ver ni con los docentes ni con su autoridad ni con las autonomías. España sale mal clasificada porque medimos el abandono de los estudios con criterios distintos del resto de la OCDE, porque la ley impide a los alumnos sin título de la ESO seguir cursando estudios -algo que no sucede en casi ningún otro país- y porque en esto también se notó la burbuja inmobiliaria, que empujó fuera de clase a muchos jóvenes que ganaban en el ladrillo mucho más que el profesor. La gran lección de PISA es otra: la relación tan cercana que hay entre desigualdad económica y educación. De poco sirve mejorar la escuela si hay familias que no se pueden permitir ni el tupperware.

Ignacio Escolar

El Periódico.com

Wert o desprestigia cuanto puedas: salen a la luz algunas de las mentiras y medias verdades que el gobierno ha empleado en su acoso y derribo a la Educación Pública

El ministro Wert no consiguió su nombramiento por su papel de contertulio sino por colaboraciones con la FAES de Jose María Aznar donde ya proponía un cambio total en el modelo educativo, se lamentaba de la abundancia de becas universitarias y manifestaba su preocupación por la escasa religiosidad de la sociedad española, especialmente los jóvenes. Con esos magníficos avales le encomendaron la tarea de reformar, cristianizar y españolizar el sistema educativo aprovechando que la crisis es una oportunidad única para cambiar las reglas de juego sociales.

Sin embargo, esta tarea no se hubiera podido culminar si desde hace años, la derecha política española y todos los think tank que las envuelven, no hubiesen conseguido desprestigiar la escuela pública, sus resultados y caricaturizar sus problemas.

Mutilaron y manipularon informes como el PISA o el de la OCDE para presentar la cara más oscura de la enseñanza española. Ocultaron celosamente todos sus éxitos y consiguieron que la palabra educación se impregnara del concepto de fracaso, error y conflicto.

La enseñanza en España necesita cambios en profundidad, sin duda. Especialmente la educación secundaria necesita encontrar nuevos caminos y mejoras, pero no todo lo existente ni los valores del modelo actual están caducos y fracasados, sino más bien faltos de desarrollo y de aplicación.

Para sacudirnos tanto prejuicio y mentira, nada mejor que ver la evolución de la enseñanza española. Según afirman los estudios de la OCDE el punto de partida de la educación en España era el más penoso de Europa. Al inicio de la democracia solo el 17% de los adultos tenía estudios equivalentes a secundaria. En estos momentos es el 64% de la población quien ha conseguido ese nivel.

Por si alguien argumenta que nos hemos ido demasiado lejos, la OCDE en el último informe aplaude el salto que se ha producido en la enseñanza entre los años 2000 y 2010 en los que se ha recortado la diferencia con el resto de los países de 11 a cuatro puntos en el nivel educativo del conjunto de la población. Si en estos años no se hubiese producido el auge del ladrillo, con la nefasta consecuencia de sacar de las aulas a miles de jóvenes, nuestro nivel estaría completamente equiparado a nuestro entorno.
El sistema educativo español, con todos sus defectos, es actualmente uno de los primeros del mundo en equidad y uno de los más potentes en facilitar la movilidad social. La mitad de los estudiantes españoles superan el nivel educativo de sus padres, en muchos casos en varios escalones y este es el mejor indicador de su éxito. En el caso de Andalucía, por aproximación, podemos estimar que más del 65% de los jóvenes superan educativamente a sus padres. Todo un motivo de orgullo y un ejemplo de superación, porque los déficits culturales tardan mucho tiempo en ser superados.

Por si no fuera suficiente, tenemos el mayor índice de escolarización infantil del mundo que dará sus frutos en el futuro, si es que no desaparece antes. Tenemos una población universitaria amplia, bien formada y con titulaciones apreciadas en el mundo entero. Resulta infame el desprestigio al que se quiere someter la comunidad universitaria y el recorte a sus estudios. Finalmente tenemos un núcleo de problemas en los estudios medios y en la recuperación de los estudiantes que abandonaron las aulas que deberíamos haber afrontado con decisión e imaginación.

Incluso en estos años de crisis, de malas noticias imparables, la educación se ha superado a sí misma, ha aumentado el éxito escolar casi diez puntos y ha rescatado miles de jóvenes para la formación y el futuro.
El complejo de inferioridad, la falta de compromiso y de proyecto educativo de la izquierda, en general, han paralizado las iniciativas de cambio y han defraudado a un profesorado convertido en rompeolas de todos los conflictos sociales. Ahora la derecha española ha cubierto este hueco con un proyecto educativo cuyo santo y seña es la religión, la segregación y la privatización. Por cierto que en España, estas tres palabras son una sinonimia casi perfecta.

Concha Caballero en EL PAÍS

Los decanos de Educación ven un retroceso en la LOMCE

La Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Educación, Pedagogía y Educación Social ha elaborado un documento en el que critican que el proyecto de Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad en Educación (LOMCE) "retrotrae al pasado", promueve la "segregación temprana" del alumnado y deja "claramente en suspenso" la perspectiva de la inclusión y de la "escuela para todos".

En el texto, consensuado en una reunión en la Universidad Autónoma de Madrid, los decanos dicen tener "la seguridad de que el adelanto de la elección de los itinerarios en la ESO contribuirá a segregar de manera temprana al alumnado" y recuerda que, según la OCDE, "la segregación temprana eleva el fracaso escolar".

Asimismo, afirman que el modelo alemán en el que se inspira este adelanto de itinerarios "ha demostrado en sus 4 primeros años de escolarización unos resultados en las pruebas PISA más normales que extraordinarios" y, por ello, ya se han creado "otro tipo de colegios" donde no hay elección hasta los 16 años. Además, recuerdan que Noruega, que destaca en PISA, no adelanta tanto los itinerarios.

En cuanto a las materias, los decanos sostienen que una ley orgánica "no puede obviar el debate serio sobre los contenidos escolares y, en esta, no sólo no se hace, sino que retrotrae a otros tiempos pasados sin ningún tipo de aclaración ni discusión pedagógica".

"Nos mostramos en completo desacuerdo con que en educación primaria, el estudiante tenga que elegir como asignaturas específicas obligatorias entre Educación artística y Segunda Lengua extranjera, lo que puede implicar (...) que un alumno concluya la Educación Primaria sin tener ningún tipo de formación artística o formación en una Segunda Lengua Extranjera", denuncian los expertos.

El documento también hace referencia a la propuesta de evaluaciones externas en Primaria, Secundaria y Bachillerato, para denunciar que este tipo de pruebas implican una "concepción claramente selectiva en relación a los estudiantes" que identifica "el rendimiento personal con el aspecto básico y fundamental de su desarrollo".

"La perspectiva de la compensación de las desigualdades, de la escuela para todos, de la atención a la diversidad y la inclusión educativa que ha formado parte del discurso y el pensamiento de los docentes queda claramente en suspenso con esta ley", afirman los decanos de Educación.

En este sentido, se refieren a la educación diferenciada porque consideran que "desde un punto de vista científico, académico y social, tal planteamiento no es asumible y presenta muchos más perjuicios que hipotéticos beneficios".

Por otra parte, critican que "la propuesta de ley entremezcla argumentos de carácter político, económico y educativo sin fundamentar una conexión pedagógica razonada entre los mismos" ya que, en su opinión, se propone una norma "divergente respecto a los modelos pedagógicos más avanzados y que mejores resultados obtienen" del entorno de España.

"Consideramos imprescindible emplear el esfuerzo necesario para obtener un acuerdo que no puede, ni debe, construirse desde el enfrentamiento entre las fuerzas políticas representadas en nuestro parlamento, ni desde el desacuerdo de las mismas con los representantes de la comunidad educativa. Reclamamos la necesidad de un diálogo y un acuerdo que proporcione a nuestro sistema educativo de la necesaria estabilidad normativa", reza el texto de los responsables universitarios de Educación.

Europa Press

Spot promocional de la LOMCE. Gobierno de España. A tu lado.

Una provocación más de la Consejera de Educación y del Consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Tras el nuevo Decreto de Interinos, que dejará de reconocer la experiencia como mérito baremable en las oposiciones docentes y que presumiblemente supondrá el despido de cientos de maestros y profesores con años de servicios prestados en las aulas madrileñas, esto es todo lo que se les ocurre a quienes han convertido un proceso selectivo público en la herramienta perfecta para llevar a cabo un ERE encubierto de docentes. 
Se lo recordaremos en las urnas. 

PP= ENEMIGOS DE LA EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Profesores interinos que vestían camisetas verdes son expulsados del Pleno de la Asamblea de Madrid

El presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha expulsado del pleno de la Cámara a un grupo de siete profesores interinos que vestían camisetas verdes y portaban esparadrapo en la boca a modo de mordazas.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, durante una pregunta del diputado socialista Eusebio González Jabonero, sobre la selección de interinos en la Comunidad de Madrid, el presidente de la Cámara ha reclamado a estas siete personas que abandonaran el pleno, cosa que han hecho entre los aplausos de diputados del PSOE e IU.

En su intervención, la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, ha dicho que "las oposiciones se aprueban estudiando no poniéndose camisetas verdes para venir a la Asamblea".

Lucía Figar no solo no ha aprobado jamás una oposición ni ha trabajado nunca fuera del Partido Popular sino que además en su currículum ninguna formación ni titulación específica avala su cargo como Consejera de Educación. 

¿Vuelta al nacional-catolicismo?

Hace tiempo que aprendimos la amarga lección de que las sociedades no avanzan siempre. Se producen frenazos y regresiones en los derechos humanos, en las mejoras sociales, en la convivencia, en el desarrollo del grado de civilidad. Hoy en España hay retrocesos en el orden económico y social con la aplicación de políticas de ajuste que conducen al país al desastre económico y social: empobrecimiento, paro masivo, precariedad, desahucios, pérdida de derechos sociales históricos.

En el terreno de las libertades lo estamos viviendo con un aumento de la represión y el endurecimiento de las leyes penales. Gallardón, que se está mostrando como un campeón del pensamiento reaccionario, ha elaborado un Código Penal que es “el más represivo de la historia de la democracia”, según denuncia Jueces para la Democracia. Por no hablar de su retrógrada reforma del aborto no apoyada ni por todos los suyos. No es el único. El ministro del de Interior se atreve a comparar con ETA a las mujeres que se ven obligadas a abortar, o afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo conduce al final de la especie. Burradas que demuestran el integrismo religioso de quien las dice, pero lo inquietante es el poder político de estos personajes.

El hilo conductor de las llamadas “leyes ideológicas”, como el aborto o la LOMCE, es la influencia en ellas de los obispos españoles y los sectores neointegristas. Tanto es así que la situación es un revival del nacional-catolicismo, como demuestra la estrecha relación entre la Iglesia y el Gobierno, y el peso que ésta tiene en los asuntos públicos y privados. Una parte importante de ese nacional-catolicismo es reafirmar el mito de que España es un país católico por naturaleza para justificar los enormes privilegios de la iglesia.

Pero la sociedad va por delante de las leyes. La lógica secularización de la sociedad española hace que, por ejemplo, los porcentajes de quienes reclaman una enseñanza confesional caigan año tras año. En los centros públicos, ya no son mayoría, ni en la ESO (40,6%), ni en el Bachillerato (25,6%); sólo ocurre en Primaria que, en el curso 2009-10, lo solicitaba un 68,6%. Esta tendencia seguirá a la baja. Para intentar frenar esta caída, veamos las concesiones que la LOMCE ha realizado a la jerarquía eclesiástica:
Fortalecimiento de la Religión como asignatura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento por varias vías: obligando a una alternativa exigente, que disuada del abandono de religión; y contando como nota para hacer medias académicas y para acceder a becas, algo que no sucedía desde hace un cuarto de siglo. Es un disparate equiparar Religión, por ejemplo, a matemáticas cuando su enseñanza no está basada en conocimientos científicos. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación para poner un alumno un 5 o un 8 en Religión?
Supresión de Educación para la Ciudadanía. La derecha y el neointegrismo arremetieron contra ella con gran furia ideológica. Lanzaron una campaña de objeción poco seguida que llegó al Tribunal Supremo. Éste resolvió en 2009 que la objeción era ilegal ya que la formación democrática de los ciudadanos dentro del sistema educativo es constitucionalmente imperativa, sin que deba considerase monopolio de los padres y de las iglesias. Esta asignatura es similar a la que se imparte en otros países europeos, con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos, con autonomía de juicios morales y comprometidos con su sociedad y su tiempo.
Segregación por sexo en centros concertados que reciben fondos públicos, algo que promueven organizaciones ultraconservadoras. Tiende a mantener las desigualdades de género, ya que no obedece a razones pedagógicas, sino al diferente papel social que adjudican a hombres y a mujeres. En toda Europa, las escuelas públicas son mixtas, excepto algunas en Inglaterra e Irlanda. Y es una burla argumentar con un convenio de la UNESCO de 1960 que está muy por detrás de nuestra Constitución y pensado para asegurar la escolarización de las niñas en países que la niegan.
Aumento de los conciertos y de las trasferencias de fondos públicos hacia la red privada-concertada, mayoritariamente católica. Un grave paso en esa dirección es que se suprime la garantía de ofertar plazas escolares públicas. No se le puede prohibir crear centros privados a ningún empresario, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.

En resumen, las familias tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero nada obliga a que dicho derecho deba garantizarse inserto en la educación formal, debiendo desarrollarse en el ámbito no formal, por pertenecer al ámbito privado de la familia.

Pero el poder de la iglesia es tan escandaloso que ha llevado a organizaciones como Europa Laica a denunciar la “confesionalidad” del Estado y el trato de favor recibido por la iglesia por los diferentes gobiernos. Prueba de los privilegios de la iglesia católica es que en 2011 recibió 11.337 millones de euros de forma directa o por bonificaciones y exenciones de impuestos. La mayor partida es precisamente para educación: 4.610 millones de euros para la financiación de centros concertados y destinados a los sueldos de profesores de religión. Ahora, el PSOE dice que con motivo de la LOMCE se va a replantear el Concordato de 1979, firmado a espaldas del Parlamento y sin el consenso constitucional. A ver si es verdad, porque ellos son también responsables de la situación: no denunciaron los acuerdos con el Vaticano cuando podían y ni siquiera lo tienen en el programa electoral.

Defendía Condorcet en 1792, que entre los principios de la educación pública debía de estar la laicidad del currículo y la separación de la escuela de la iglesia y de los poderes. Esas ideas ilustradas y revolucionarias se extendieron por toda Europa y aquí en España tuvieron dificultades por el conservadurismo político y religioso. Varios siglos después caminamos hacia atrás. Desgraciadamente, el asunto de la religión en general y de la religión en la escuela es una de las banderas que la iglesia y la derecha ha utilizado contra la modernización del país e, incluso, contra la democracia.

Marta Mata, pedagoga, y cristiana, hablaba muy claro sobre el laicismo: “laico es lo que corresponde al terreno de lo humano, no de lo divino”. Laicismo y democracia para ella eran sinónimos. La mezcla del poder temporal y divino se resquebrajó con la Ilustración y la Enciclopedia, y se hablaba de una sociedad regida por los Derechos de los Ciudadanos y basada en la Ciencia que ha logrado la Humanidad. Los dogmas, sean del tipo que sean, deben quedar fuera del ámbito escolar. La Escuela Laica no es antirreligiosa, simplemente defiende unos valores morales que puedan ser de todos y para todos. Que la religión esté dentro de las escuelas es un privilegio de la iglesia católica que no se menciona en la Constitución Española.
(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.

Agustín Moreno en Cuarto Poder

Nadie ha dibujado mejor que Eneko lo que supondrá la LOMCE

¿Hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades?

La LOMCE o ley Wert es una chapuza que no parte de un diagnóstico previo o Libro Blanco sobre los problemas de la educación; que no cuenta con financiación para implementarla; que no tiene ningún consenso, sino el rechazo más airado de la comunidad educativa, como se ha puesto en evidencia en múltiples movilizaciones.

Como son maestros de la neolengua hablan de “calidad” e incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del nivel de paro existente, cuando es bien sabido que muchos de los miembros de la generación más y mejor preparada de este país se está yendo al exilio laboral o científico. Pero su verdadera esencia es mandar el mensaje de que “hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades”. Porque lo cierto es que no están dispuestos a invertir más en educación pública, por razones ideológicas y de negocio. No les interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para un mercado de trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos democrática. No quieren la mezcla social entre los hijos de familias de diferente estatus socioeconómico.

Y porque se someten a los intereses mercantilistas: la educación es un negocio que a nivel mundial supone un pastel de 2 billones de dólares y que en España obtuvo casi 700 millones de euros de beneficios según los últimos datos del INE. Por todo lo anterior, el objetivo que se ha trazado el gobierno del PP es seguir trasfiriendo recursos del sector público al privado y pasar del 3,6% al 2,9% del PIB, lo que supone unos 7.000 millones de euros menos al año, muy lejos de la inversión que realizan los países de nuestro entorno.

Durante la democracia se lograron importantes avances en el desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y profesorado, bajada de ratios, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares. Estas conquistas están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la educación en un negocio. Con esta ley se consolidan los recortes que se vienen aplicando y supone un duro golpe a la educación pública.

La educación pública española, por los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado costeado con fondos públicos. La ley Wert es un salto en esa dirección.

- Segregación, con diversos itinerarios que supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común por tres vías: los llamados programas de mejora del aprendizaje, la Formación Profesional Básica y los itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se segregue más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. También convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Este modelo educativo genera más fracaso escolar, más desigualdades y favorece una sociedad aún más clasista.

- Confesionalidad, que nos retrotrae al nacionalcatolicismo, con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento; eliminando Educación para la Ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores democráticos.

- Privatización y fortalecimiento de los conciertos privados, al convertir a la educación en un bien individual y no un derecho fundamental y no se garantiza la oferta de plazas públicas de nueva creación. De esta forma se refuerza la doble red que crea discriminación, dándose la paradoja de que entre todos financiamos a quien más tiene, mientras se suprimen la atención a la diversidad y la función compensatoria de la escuela.

- Menor democracia. Se reducen las competencias de los órganos colegiados y de la comunidad educativa, reforzando el poder y el clientelismo de las direcciones de los centros

La LOMCE también quiere hacer legal lo ilegal con conciertos para centros que segregan por sexo, contratación a dedo de profesores nativos o publicación de rankings con los resultados de las pruebas externas.

Este retorno al pasado lo protagoniza Wert, el ministro más desprestigiado de la democracia, con un 80% de rechazo a su gestión, que no puede esperar que su ley tenga ninguna continuidad de futuro. Porque una ley superideologizada, sectaria no ha conseguido ningún apoyo, excepto el de los obispos. Nadie la respalda en el parlamento, ni el profesorado, las familias, los estudiantes o los expertos en educación. Por ello, será una ley de muy corto recorrido y frustrante, que acabará en el mismo momento en que se produzca un cambio político progresista.

Es más, probablemente, junto al rechazo al austericidio, a la privatización de la sanidad o a la reaccionaria reforma del aborto, será uno de los elementos que más contribuyan al cambio político. Entre el profesorado, las familias, el alumnado y la ciudadanía que forma el movimiento de la Marea Verde en defensa de la Escuela Pública de todos y para todos crece cada vez más la convicción de que hay que echar a este gobierno para que no acabe con todo. Para asegurar el derecho a una educación de calidad que forme a personas y a ciudadanos comprometidos con la mejora y el futuro de su país y de sus habitantes.

Agustín Moreno. Profesor de secundaria

Publicado en Público.es

Regreso al pasado

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, desaprovecha la oportunidad de legislar desde la moderación y el consenso, tal y como exigía el ambicioso propósito de reforma de la enseñanza del que partió para corregir los defectos del modelo actual. La reforma que quiere aprobar gracias a la mayoría absoluta indica que, en capítulos destacados, el Gobierno pone su capacidad de iniciativa legislativa al servicio de la Iglesia católica y de sectores radicalizados de la derecha.

Con la nueva ley, la religión católica recupera una posición de privilegio en el sistema educativo al convertirse en materia evaluable en las calificaciones escolares y en los baremos para la obtención de becas. La Iglesia quiere frenar así el declive de su influencia en una sociedad plural y cada vez más secularizada. Se elimina la Educación para la Ciudadanía al tiempo que se crea una materia sobre “valores” de perfiles no definidos. El proyecto de ley refuerza además las posiciones de los centros religiosos concertados, en detrimento de la red pública, y blinda la posibilidad de que se pueda separar a los alumnos por sexo sin que los centros que lo hagan dejen de financiarse con fondos públicos. El propósito que anima al Gobierno queda claro cuando, allí donde la actual normativa indica que el Estado garantizará a los españoles una plaza escolar pública, se limita ahora a garantizar simplemente una plaza.

También recorta la capacidad de decisión de las autonomías al fijar con mayor amplitud las materias troncales, con la idea de reforzar una determinada idea de España en las comunidades con una cultura propia diferenciada. La solución por la que Wert ha optado para garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña no solo augura un conflicto con las autoridades catalanas, sino una dificultad de aplicación; porque al garantizar que pagará la escolarización en castellano de los alumnos que lo soliciten en un centro privado, parece ignorar que en la mayoría de los centros privados catalanes la lengua vehicular no es el castellano, sino el catalán.

Con la nueva ley, profesores y padres pierden la capacidad de intervenir en decisiones tan importantes como los presupuestos, el proyecto educativo o el proceso de admisión, pues allí donde hasta ahora tenían una capacidad de voto del 60%, pasan a estar en minoría frente a la Administración. Finalmente, pero no es lo menos importante, con el nuevo sistema de itinerarios en 3º y 4º de la ESO se corre el riesgo de que se instale en la práctica un mecanismo de segregación de los alumnos más desfavorecidos socialmente. La articulación de un potente sistema de formación profesional es, sin duda, una asignatura pendiente desde la Transición: el proyecto del Gobierno proclama su propósito de conseguirlo, pero para ello hace falta algo más que intenciones. La nueva ley, ideologizada en sus postulados, queda ahora confiada al mecanismo de la mayoría absoluta.

El PAÍS

Los siete suspensos de la ‘ley Wert

Manifestación contra la LOMCE

El proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), enviado este viernes a Las Cortes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, incluye varias modificaciones de calado en el actual marco en vigor, la LOE, aprobada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de su tramitación parlamentaria, la séptima reforma educativa de la democracia prevé, entre otras cuestiones, que la asignatura de Religión cuente para la nota media por primera vez desde la LOGSE, una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal; mantiene con un ligero matiz respecto a su borrador los conciertos a las escuelas que segregan por sexo y establece tres evaluaciones externas, una suerte de reválidas –en los casos de ESO y Bachillerato– que, según algunos expertos, provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones.

Además de los citados, los siguientes son algunos de los puntos clave del proyecto analizados por reputados sociólogos, expertos en didáctica y legislación educativa:

1. LA RELIGIÓN SALE REFORZADA Y SE ELIMINA CIUDADANÍA

El proyecto de la LOMCE incluye Religión como una materia más que computará para la media igual que lo hará su alternativa –que se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria–. Esta es una de las sorpresas que reservaba la polémica 'ley Wert' y supone la aceptación de una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal. Al mismo tiempo, la futura ley suprime Educación para la Ciudadanía. La eliminación de esta materia es para Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga, la evidencia de que el PP no cree en "valores sociales éticos o cívicos como la democracia o el pluralismo".

Si no hay cambios en la tramitación parlamentaria, Religión "será evaluable pero no será objeto de evaluaciones nacionales", según afirmó el titular de Educación, José Ignacio Wert. Hasta el momento sí era evaluable, si bien no era computable para la media que permite el acceso a la universidad o a becas y ayudas. Su calificación sí aparecía en el expediente y también contaba para repetir curso. De esta forma, el Ejecutivo hace caso a medias al órgano consultivo del Estado que criticó la desaparición de cualquier traza de asignaturas "de formación ético-cívica" y pidió una materia "obligatoria" en este sentido al considerar que Valores no era suficiente para sustituirla porque los alumnos tendrían que elegir. Al hacer que ambas no sean excluyentes no hay tal disyuntiva.

Aunque con más o menos obstinación, todos los expertos consultados coinciden en que esta modificación es un "paso atrás". "Es un exceso total. Lo razonable sería sacar todo elemento confesional de la escuela", analiza Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación de la Complutense.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA

Para justificar la reforma, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría desplegó una batería de indicadores "negativos". Entre ellos, una tasa de paro juvenil del 57% o el hecho de que el 23,7% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, un porcentaje sólo superado por Israel, según sus palabras. A su juicio, estas malas cifras se han producido a pesar de que "la inversión en educación está muy por encima de la media de la OCDE y Unión Europea". Según explicó, España destina 10.094 dólares al año de gasto público por cada alumno en la educación pública, un 21% más que la OCDE y la UE.

Como remedio a estos malos datos, Sáenz de Santamaría aludió a la apuesta por los conocimientos instrumentales; la flexibilización de los itinerarios o la incorporación de las pruebas de evaluación externa. Sin embargo, expertos críticos recuerdan que esta ley llega en un contexto de duros recortes –más de 6.700 millones desde 2010– y ante un panorama futuro todavía más oscuro, pues la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015. "Estos datos, que no se puede negar que son muy malos, son consecuencia de la falta de tejido industrial, de las escasas oportunidades que existen para la creación de empleo o de la exigua inversión en educación", cree Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidade da Coruña. "Es absurdo querer hacer más con menos", añade Rodríguez.

3. ADELANTO EN LA ELECCIÓN DE ITINERARIOS

El texto aprobado por el Gobierno este viernes también pasa de puntillas por los cambios en los itinerarios que adelantan la elección de alternativas diferentes a la Secundaria. Ha sido uno de los aspectos más criticados por su concepción segregadora, pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar. En cuarto de ESO los alumnos tendrán que elegir entre una vía académica y otra profesional. Es lo que el Gobierno define como "flexibilización de la trayectorias". Sindicatos y organizaciones en defensa de la educación pública como Soy Pública consideran, sin embargo, que esta medida tiene como objetivo "segregar a los alumnos" y "no aspira al éxito de todo el alumnado".

Carabaña, sin embargo, cree que el adelantamiento en la elección de itinerarios no va a introducir diferencias notables en el sistema. A su juicio, la diversificación de las trayectorias es una práctica que se ha permitido desde la LOGSE -vigente desde 1990-. Sólo será positivo, a su juicio, si permite que aquellos estudiantes que antes eran "expulsados" del sistema tras no lograr el título puedan permanecer a través de otras vías. Los sectores críticos temen que ocurra todo lo contrario, que los alumnos con más dificultades acaben dejando las aulas y bajen así las tasas de fracaso escolar.

4. PRUEBAS EXTERNAS

Otra de las líneas generales que mantiene el texto aprobado este viernes son las reválidas que el Ejecutivo define como "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa". Si tras la tramitación parlamentaria este aspecto no cambia los alumnos realizarán su primera prueba cuando acaben sexto de Primaria. Aunque esta no tendrá carácter eliminatorio sí constará en el expediente. La segunda prueba, que tendrá lugar en cuarto de ESO, sí tiene cadrácter excluyente y contará un 30% frente al 70% del total de la Secundaria. Si el alumno no aprueba, no podrá obtener el Graduado Escolar. Se eliminará la actual Selectividad, el criterio de acceso a cada universidad será definido por cada centro y para obtener el título de Bachiller también será necesaria la superación de una nueva "reválida".

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato figuran algunas de las mayores empresas y bancos españoles, sí es partidaria de este método de calificación. En un texto titulado"Manifiesto para mejorar el rendimiento del sector educativo en España" que suscriben decenas de sus miembros, el colectivo de economistas señala que "al final de la educación primaria y secundaria deberían existir pruebas estandarizadas cuyos resultados tengan consecuencias académicas, incluyendo mayores posibilidades de elección de centros y programas especiales para los alumnos con mejores resultados".

Docentes como Rodríguez o Torres creen que esta medida provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones. Carabaña, por otro lado, advierte del "peligro" de orientar las enseñanza hacia esas pruebas, si bien cree que pueden tener de positivo el hecho de que se acabe con la situación actual, en la que un título similar se concede por criterios muy dispares según donde se estudie.

5. MODIFICACIONES EN EL CURRÍCULO

Un aspecto que tampoco ha cambiado es el reparto de competenciasentre el Ejecutivo y las Comunidades para fijar los contenidos curriculares. El Gobierno central fijará el 100% de los temas de asignaturas como Matemáticas, Lengua y Literatura castellanas o Ciencias Sociales y Naturales. En la ESO, además, esa normativa afecta a la materia Geografía e Historia, con lo que la Historia propia de cada autonomía quedaría fuera de la obligatoriedad. Si el proyecto se aprueba finalmente en los términos que se conocen, el Gobierno fijará el currículo básico del 55% del horario escolar en las comunidades con lengua cooficial y un 65% en las que no la tienen. "Los contenidos de las materias troncales estarán indicados y evaluados desde fuera de las autonomías. Es proceso de recentralización brutal", estima el catedrático Torres. Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación, cree, sin embargo, que esta modificación es consecuencia de "una disputa política que no tiene nada ver con la calidad de la enseñanza. Tiene que ver con la disputa de que si las escuelas de ciertas comunidades sirven al independentismo o al nacionalismo español".

El proyecto también establece el "refuerzo en todas las etapas" del "aprendizaje de materias instrumentales" como Lengua o Matemáticas. Asociaciones como Soy Pública denuncian que, con esta medida, lo que se pretende es "eliminar asignaturas más creativas" como música y artes plásticas. En la misma línea, José Gimeno Sacristán, catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia, considera un "error" que materias de tipo expresivo vayan a "perder terreno" tal y como recoge la futura norma. "Educar no es sólo enseñar y enseñar no es sólo impartir Lengua y Matemáticas", subraya.

Carabaña, por su parte, cree que "no tiene utilidad" dedicar más esfuerzos a las llamadas materias instrumentales. A su juicio, en las escuelas sí se debería intensificar la enseñanza de lenguas extranjeras o economía.

6. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

El refuerzo a la autonomía de los centros está basado, según los críticos, en la competencia entre ellos. De hecho, la "rendición de cuentas" es un concepto al que aludieron tanto la vicepresidenta del Gobierno como el ministro en la presentación del proyecto. Los críticos con la LOMCE censuran que este proyecto da un poder "desmedido" al director para elegir al profesorado y "suprime" las competencias del Consejo Escolar al considerarlo sólo un órgano consultivo que pierde toda su capacidad para decidir sobre los proyectos educativos, los presupuestos o los procesos de admisión de alumnos.

Sin embargo, colectivos como Fedea sí han defendido tesis similares a las que expone la futura ley. "Los profesionales deben ver recompensados los resultados conseguidos por sus alumnos tanto para lograr su acreditación profesional como para su progresión profesional posterior. Los directores de centro deben tener mayor independencia para configurar sus plantillas y sus estrategias docentes, de nuevo, siempre sujetos a la verificación externa de los resultados conseguidos", puede leerse en su manifiesto sobre el sector educativo en España.

7. BLINDAJE PARA LA SEGREGACIÓN POR SEXO

El Gobierno ha introducido en la ley una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El Consejo de Estado, en un informe no vinculante, había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad.

Esta modificación, encaminada a satisfacer las recomendaciones del órgano consultivo del Estado, también ha sido muy criticado por los docentes agrupados en el Foro de Sevilla, un grupo de docentes opositores a la LOMCE de todo el país, que consideran que "la escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género".

Helena Herrera. Publicado por InfoLibre

LOMCE, una anti ley educativa entre el neoliberalismo más salvaje y el nacionalcatolicismo más rancio.

Manifiesto “Paremos la LOMCE”

- Vulnera la igualdad de oportunidades.

- Excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.

- Permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia.

- Atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores.

- Desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros.

- No garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores sumisos.

- Suprime la democracia participativa.

- Ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias.

- Desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país.

La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del proyecto de la LOMCE, y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas, ya que solo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, y cumplir la función social que debe tener la Educación.


La aprobación de la LOMCE como proyecto de Ley en el Consejo de Ministros del 17 de Mayo de 2013 nos ha dejado estos titulares:

• "Desmantelar la educación pública nos convertirá en un país bananero"
• Los siete suspensos de la Ley Wert 
• La LOMCE, una ley cocida a fuego lento y al calor de FAES
• Religión sube de categoría y contará para la obtención de becas
• La reforma educativa fija que la Religión cuente para la nota media como pedían los obispos
• La Iglesia gana la reforma educativa
• Centralización de contenidos, impulso de la Religión y otras claves de la polémica Ley Wert 

Réquiem por la Escuela Pública

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha confirmado este jueves que el Consejo de Ministros dará luz verde este viernes al proyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que será enviada a continuación a las Cortes para ser debatida y aprobada. La aprobación del texto por parte del Gobierno estaba inicialmente prevista para el pasado viernes, pero las manifestaciones protagonizadas por la comunidad educativa el día anterior y las presiones recibidas por Wert para que corrigiera algunos de los aspectos más polémicos de su propuesta, llevaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a ordenar su aplazamiento.

Pese a que el Ministerio de Educación aseguró entonces que se trataba de enmendar "pequeños flecos", otras fuentes aseguraron que el sistema de financiación de la reforma educativa había sido criticado por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Desde Catalunya, el mismo partido había enviado una propuesta propia para matizar el modelo lingüístico y respetar (con excepciones) la actual inmersión língüística.

Wert ha confirmado que la LOMCE será vista mañana por el Consejo de Ministros tras una reunión de ministros de Educación y Cultura de la Unión Europea celebrada este jueves en Bruselas.

El Periódico

Continúan las agresiones y difamaciones de la Consejería de Educación y del gobierno regional

• CCOO se querella contra la consejera Figar por acusar al sindicato de mercadear con la huelga de Educación

• Hay paros convocados hasta el 23 de mayo en protesta por el cambio en los criterios de selección, que permitirán, según los sindicatos, "elegir a dedo" a numerosos docentes.

• La Ley Wert prevé que el director del centro pueda establecer requisitos específicos o vetar la incorporación de interinos de la lista general

Figar ironiza con que la huelga "política" la han seguido "los de siempre"

CCOO se querella contra Lucía Figar. 

El sindicato se fundamenta en un teletipo de la agencia Efe de este lunes, en el que se afirmaba que la consejera aseguró "que los sindicatos le ofrecieron desconvocar la huelga de la educación a cambio de más financiación para los sindicatos y quince liberados sindicales más”. Según la central, que exige una rectificación, "es una agresión sin precedentes, miente con la pretensión de atentar contra las organizaciones sindicales".

El conflicto en Educación es largo, en particular con los interinos. Han protestado, han hecho una huelga de hambre forzada en la Consejería de Educación, se han encerrado en la catedral de la Almudena y ahora dejan las aulas durante cinco días. Los profesores interinos de Madrid siguen en pie de guerra contra los nuevos criterios de selección que ha adoptado unilateralmente la Comunidad y que permitirían, según denuncian, elegir "a dedo" a parte de los docentes de Secundaria. El martes han comenzado una serie de paros que se extenderán hasta el 23 de mayo. En la región hay más de 6.000 interinos, un 12% del profesorado.

Mientras el 9M la marea verde salía a la calle en un día de huelga general en la Educación, el gobierno de Ignacio González aprobaba el polémico decreto que modifica los baremos para acceder a una plaza como interino. Si hasta ahora en la nota para acceder a la lista primaba la experiencia y la formación (con un 46,8 y un 16,1%, respectivamente) en el nuevo sistema el examen de conocimientos es lo que más cuenta: un 80%. Los sindicatos creen que así "se expulsa a miles de docentes muy cualificados" del sistema. "Curiosamente muchos de ellos suman trienios en sus sueldos", apunta Isabel Galvín, de CC OO Madrid. 

Un cambio avalado por la Ley Wert

La consejería defiende que el cambio responde a una "exigencia de calidad educativa", y reitera que no permitirá que profesores que no hayan aprobado el examen puedan dar clase. "Esta regulación dará como resultado una lista insuficiente, y no está claro cómo se va a seleccionar a los profesores que falten", contrapone Emilia Sánchez, representante de los interinos de UGT. Madrid ya ha contratado de forma directa, sin pasar por oposición, a profesores nativos de inglés para impartir clases en los colegios bilingües públicos. Esta decisión está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada por el ministro José Ignacio Wertprevé una cierta liberalización de las contrataciones. Según el texto remitido al Consejo de Estado, los directores de los centros tendrán libertad para "establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad" e incluso para "rechazar […] la incorporación a puestos de interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas".

Convocada por la mesa sectorial –UGT, CC OO, ANPE, STEM y CSIF– la huelga está prevista para hoy y el 21, 22 y 23 de mayo. El martes, primer día de paros, tuvo un 25% de seguimiento según los sindicatos y apenas un 7% según la Comunidad. El presidente autonómico, Ignacio González, ha asegurado que las movilizaciones de la enseñanza no están motivadas por recortes, sino por los cambios "necesarios" realizados para garantizar que los profesores "sepan la asignatura que van a dar", y ha criticado que la regulación anterior permitiera que sólo el 13% de quienes se presentaron a las pruebas fueran capaces de completarlas "con menos de cinco faltas de ortografía". Los sindicatos han acusado al Gobierno de Madrid de difamar a los docentes al hacer público un informe que han calificado de "sesgado, incompleto y tendencioso" en el que se ponían ejemplos de respuestas erróneas de los candidatos a opcupar una plaza de profesor interino en centros públicos.

Publicado en ElDiario.es